Para el jurista, profesor universitario y dirigente político, la operación de RD$655 millones realizada por Electromédica es el prototipo de violación al ordenamiento legal que resulta inobservado por las autoridades debido a la relación de carácter política entre la compañía suplidora y las autoridades oficiales del sector salud, porque la violación a las leyes 41-08 de Función Pública y 340-06 sobre Compras y Contrataciones limitan perfectamente operaciones con funcionarios que, su condición de accionistas en compañias, mantengan operaciones con entidades gubernamentales.
Señaló que los escándalos conocidos en el marco de los últimos meses en que se relacionan funcionarios, compañias suplidoras, precios abultados y colindancias partidarias representan una de las múltiples modalides de acumulación que han construido riquezas inmensas en el marco de niveles de complicidad alarmante que las autoridades del Ministerio Público deben de responder sin que el momento electoral paute el ritmo de respuestas institucionales en capacidad de satisfacer la sed de justicia en la ciudadanía y afán por sanciones penales responsables.
Gómez Mazara advirtió que en los casos de INAIPI y Plan Nacional de Asfaltado en MOPC, se repite el esquema de ventajas financieras, desprecio del marco legal y convencimiento de que el factor político garantiza niveles de impunidad porque los beneficiarios de los procedimientos están asociados con instancias de poder y que la actual situación de emergencia alrededor de la crisis sanitaria facilita piruetas éticas que serán toleradas por la sociedad.
Recordó que en el caso de Electromédica, la actual directora de INAVI aparece como una de las principales accionistas de la compañía que suple a instituciones del sector salud, en el INAIPI la confesión de un empresario respecto de solicitud de 30 millones para facilitar una operación en la entidad y muchos beneficiarios del programa de asfaltado asociados a movimientos y cenas de recaudación a favor del candidato del PLD, revelan un esquema que debe ser denunciado y sus responsables procesados.
Planteó de la importancia en introducir nuevos elementos a los expedientes de INAIPI y Plan Nacional de Asfaltado porque el ordenamiento procesal permiten “sumar piezas de vital importancia” en toda la etapa de investigación frente al convencimiento de que las colindancias en ambos casos con el poder político generan la sensación de tratos blandos y cómplices en toda la etapa de investigación.
Finalmente, reiteró que su acción ante el PEPCA constituye un acto de compromiso ciudadano para, no solo advertir y sancionar los excesos actuales, sino enviar una señal a las autoridades que iniciarán a partir del 16 de agosto sobre el impostergable proceso de adecentamiento de la vida nacional.