El funcionario ordenó “realizar una exhaustiva investigación del proceso de contratación Inaipi-MAE-PEUR-2020-0002, llevado por el Inaipi, a fin de determinar la existencia o no de hechos reñidos con la ley penal, remitiendo a dichos órganos del Ministerio Público el expediente abierto con motivo de la denuncia formulada y publicada en los medios de comunicación sobre las alegadas irregularidades”.
En una comunicación remitida a la fiscal Rosalba Ramos y la procuradora Laura Guerrero, respectivamente, se entregaron los documentos de dicho proceso, a los fines de que los mismos sean revisados a la brevedad posible.
“Para estos fines, y de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Núm. 133-11, contará con la asesoría, asistencia y acompañamiento de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en razón de la materia de que se trata y la vasta experiencia de esta dependencia en dichos temas”, señala la comunicación.
Respecto a la investigación, Rodríguez ordenó la remisión de informes regulares a su despacho sobre las diligencias de investigación realizadas y el resultado final de las mismas, según se informó a través de un comunicado de prensa divulgado por la Procuraduría General de la República.