SANTO DOMINGO.- En una auditoría realizada al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), la Cámara de Cuentas de República Dominicana (CCRD) detectó irregularidades que implican sanciones penales, reveló Hugo Álvarez Pérez, presidente de este organismo.
Informó que la investigación abarcó hasta diciembre de 2019 y sus resultados fueron entregados a la actual directora del INAIPI, Kenia Lora, y a la Procuraduría General de la República.
“Hay de todo un poco; no cumplieron con los procedimientos de compras correcto, tampoco hicieron las retenciones que indica la Ley. Deben leerlo porque saldrá pronto. Hay hallazgos y el Procurador ya está apoderado”, dijo Alvarez Pérez a su salida de la Cámara de Diputados, donde entregó el informe sobre la evaluación y análisis de la ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas generales del Estado correspondiente al año fiscal 2019.
El informe contiene el ejercicio presupuestario del Gobierno, de los organismos descentralizados y autónomos, de las municipalidades y las ONG correspondientes al año fiscal 2019.
La auditoría al INAIPI no incluye una investigación a la licitación de compra de emergencia que se hizo por la pandemia de coronavirus, en la cual fueron detectadas serias irregularidades que motivaron la cancelación de un grupo de funcionarios y una investigación judicial.
Informó que la investigación abarcó hasta diciembre de 2019 y sus resultados fueron entregados a la actual directora del INAIPI, Kenia Lora, y a la Procuraduría General de la República.
“Hay de todo un poco; no cumplieron con los procedimientos de compras correcto, tampoco hicieron las retenciones que indica la Ley. Deben leerlo porque saldrá pronto. Hay hallazgos y el Procurador ya está apoderado”, dijo Alvarez Pérez a su salida de la Cámara de Diputados, donde entregó el informe sobre la evaluación y análisis de la ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas generales del Estado correspondiente al año fiscal 2019.
El informe contiene el ejercicio presupuestario del Gobierno, de los organismos descentralizados y autónomos, de las municipalidades y las ONG correspondientes al año fiscal 2019.
La auditoría al INAIPI no incluye una investigación a la licitación de compra de emergencia que se hizo por la pandemia de coronavirus, en la cual fueron detectadas serias irregularidades que motivaron la cancelación de un grupo de funcionarios y una investigación judicial.