SANTO DOMINGO. – “El impacto macroeconómico que vamos a tener en la economía nacional, no fue pensado al momento de hacer esta propuesta”, sostuvo la vicepresidenta Margarita Cedeño este lunes, al expresar una de las tres razones por las que no está de acuerdo con que los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) accedan al 30% de esos recursos.
“Creo que ha habido una buena intención, hay que apelar a eso, a la bondad de la intención, pero no estoy de acuerdo”, manifestó la funcionaria durante una entrevista concedida al periódico Diario Libre y difundida a través de plataformas virtuales.
La vicepresidenta agregó que “estamos hablando de lanzar miles de millones de pesos a la economía de repente, lo que generaría una alta inflación, una escasez de productos, bienes y servicios en una pandemia que ha generado tres crisis a la vez: sanitaria, económica y social”.
El segundo motivo de Cedeño para su oposición a la iniciativa, demandada por algunos sectores de la sociedad y asumida por varios legisladores, está vinculado “al lado humano”.
“Cómo es posible que el trabajador va a cargar con el costo de esta pandemia, cuando para eso está el Estado. Es al Estado a quien le corresponde asumir y garantizar la salud, seguridad alimentaria, y la calidad de vida de los ciudadanos en momentos de crisis y pandemia”, añadió.
Un tercer argumento citado por la funcionaria está vinculado al aspecto legal.
“El fundamento de la Ley de Pensiones es justamente tener una garantía económica para el momento en que nos pensionemos. Entonces, resultaría un absurdo que podamos dejar desprovistos ese tercer tramo del ciclo de vida, cuando es donde más necesitamos tener un ahorro, para poder utilizarlo ahora y luego estar sin ningún tipo de protección social”, manifestó la vicepresidenta.
El pasado lunes, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, a quien citó la vicemandataria en la entrevista con el citado medio, consideró desafortunada e improcedente esta propuesta legislativa puesto que habría que disponer de más de RD$173,000 millones de pesos para devolver en efectivo a los afiliados, lo que implicaría un aumento desproporcionado de la emisión monetaria de más de un 64% respecto al nivel actual.
“Estaríamos como nación propiciando convertir una crisis sanitaria de carácter transitorio en una crisis económica y financiera más permanente que requeriría años revertir”, sentenció Valdez Albizu.
De igual forma, partidos políticos y otras figuras de la sociedad han expresado su rechazo a la iniciativa.
“Creo que ha habido una buena intención, hay que apelar a eso, a la bondad de la intención, pero no estoy de acuerdo”, manifestó la funcionaria durante una entrevista concedida al periódico Diario Libre y difundida a través de plataformas virtuales.
La vicepresidenta agregó que “estamos hablando de lanzar miles de millones de pesos a la economía de repente, lo que generaría una alta inflación, una escasez de productos, bienes y servicios en una pandemia que ha generado tres crisis a la vez: sanitaria, económica y social”.
El segundo motivo de Cedeño para su oposición a la iniciativa, demandada por algunos sectores de la sociedad y asumida por varios legisladores, está vinculado “al lado humano”.
“Cómo es posible que el trabajador va a cargar con el costo de esta pandemia, cuando para eso está el Estado. Es al Estado a quien le corresponde asumir y garantizar la salud, seguridad alimentaria, y la calidad de vida de los ciudadanos en momentos de crisis y pandemia”, añadió.
Un tercer argumento citado por la funcionaria está vinculado al aspecto legal.
“El fundamento de la Ley de Pensiones es justamente tener una garantía económica para el momento en que nos pensionemos. Entonces, resultaría un absurdo que podamos dejar desprovistos ese tercer tramo del ciclo de vida, cuando es donde más necesitamos tener un ahorro, para poder utilizarlo ahora y luego estar sin ningún tipo de protección social”, manifestó la vicepresidenta.
El pasado lunes, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, a quien citó la vicemandataria en la entrevista con el citado medio, consideró desafortunada e improcedente esta propuesta legislativa puesto que habría que disponer de más de RD$173,000 millones de pesos para devolver en efectivo a los afiliados, lo que implicaría un aumento desproporcionado de la emisión monetaria de más de un 64% respecto al nivel actual.
“Estaríamos como nación propiciando convertir una crisis sanitaria de carácter transitorio en una crisis económica y financiera más permanente que requeriría años revertir”, sentenció Valdez Albizu.
De igual forma, partidos políticos y otras figuras de la sociedad han expresado su rechazo a la iniciativa.