Según un documento depositado por Orlando Jorge Mera, delegado político, entre esos 97 está la vicepresidenta Margarita Cedeño quien dirige el gabinete social y los candidatos a senadores Francisco Javier Clark y Niurka Nieves Luciano. El resto son candidatos a diputados.
"Esperamos que la JCE establezca las sanciones correspondientes que van desde una multa hasta el retiro de la candidatura. La ley es bien clara, si son candidatos estos tienen que tomar una licencia de sus respectivos cargos para participar en las elecciones. Lo único que le solicitamos es que certifiquen está situación", explicó Mera.
Las leyes, 41-08 de Función Pública, 33-18, de Partidos Políticos, y el artículo 196 de la 15-19 establece que los funcionarios públicos que administren recursos del estado no podrán prevalerse de sus cargos, para desde él realizar campañas ni proselitismo a favor de un partido o candidatos.
El hecho es tipificado como delito electoral, castigado con prisión correccional de tres meses a un año y multa de hasta cinco salarios mínimos del sector público.
El PRM establece entre sus motivaciones para hacer la solicitud que se ha mantenido dando seguimiento y cuestionando el uso de recursos estatales en las campaña electorales y otras violaciones al ordenamiento jurídico, que traen como consecuencias lesiones graves al sistema político nacional, así como debilitar la democracia, la competencia en buena lid y resultados que sean fruto de la decisión libérrima de la mayoría del electorado.
Por Javier Flores