“Usted no puede estar prometiendo empleos ni diciendo que va a quitar personas ni sustituirlas, porque es eso un asunto que ya está reglamentado y está en favor de la dignidad de las personas” y, en ese sentido, explicó que esta acción se encuentra reglamentada como un ilícito penal en artículo 284 de la Ley 15-19 con prisión correccional de seis (6) meses a dos (2) años y multa de dos a diez salarios mínimos del sector público, específicamente en el numeral 19.
Finalmente, enfatizó que “todo el mundo tiene derecho a un empleo en el sector público o privado y sacar el punto de los empleados públicos que tienen cargo en el Estado dominicano y convertirlo en tema de debate electoral, aparte de ser una situación de mal gusto y que atenta con la dignidad y la permanencia en los empleos, no solamente de empleados públicos, sino también de los empleados privados, no es un tema ni puede ser un tema de campaña ni de ofertas, de promociones y muchos menos de amenazas, de permanencia o no en el cargo”.