Según el movimiento, el gobierno dominicano, lejos de actuar para garantizar seguridad, alimento y salud a la población; aprovecha la pandemia para instaurar un estado de emergencia e incurrir en actos de corrupción, al tiempo en que ejecutan mañosas licitaciones por miles de millones de pesos.
«¡Imagínense ustedes a varias instituciones públicas gastando miles de millones de pesos exactamente en lo mismo; mascarillas, alimentos, equipos de protección, vehículos y bebidas; sin ninguna planeación ni criterio de cubrir necesidades específicas y resolver problemas de la gente; sino con el único fin de distribuir esos artículos en campaña durante la noche; haciendo uso de vehículos timbrados con los colores del PLD, y con las imágenes de los candidatos del partido de gobierno!
Y es así como hemos visto a los candidatos del oficialismo en campaña permanente, abusando con el dinero del pueblo, y aprovechando la desesperación de la gente por el coronavirus y la economía, ante el silencio cómplice de la Junta Central Electoral; mientras el candidato presidencial del PLD, sigue repartiendo nuestro dinero sin resolver ningún problema, y sin hacerle frente a la justicia, por su responsabilidad en fraudes millonarios, porque la justicia también está cerrada por el estado de emergencia», aseguró la Marcha Verde.
Por todo lo dicho, el movimiento demanda al Congreso Nacional que concluya hoy el estado emergencia y que de inmediato, asuma su rol fiscalizador, y exija al gobierno un informe detallado de todas las compras oficiales realizadas durante estos ochenta y cinco (85) días. Este informe debe ser público para que todas las organizaciones y la ciudadanía en general puedan indagar sobre la ejecución de los fondos públicos.
«Consideramos prudente hacer de conocimiento público, y también alertamos al congreso nacional de que a partir de informaciones recibidas de parte de profesionales con calidad y competencia sobre la realidad nacional actual, es posible continuar aplicando las medidas para enfrentar el covid-19 hasta lograr la disminución del riesgo de contagio y controlar la expansión del virus; sin necesidad de un estado de emergencia que otorgue poderes extraordinarios al Ejecutivo», culmina el colectivo.