QUE POLÍTICA, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de la Juventud informó que los abogados Erick Yael Morrobel Reyes y Luis Enrique Ricardo Santana intentan obligarle a pagar una suma millonaria, mediante una sentencia de un caso que enfrenta a esta institución con la empresa Inforedes Conocimiento y Alta Tecnología (ICAT), propiedad de Elby-Ramón Cabrera Herrera, proceso que se debate en los tribunales desde la anterior gestión 2012-2016 y que está en la etapa de revisión de sentencia en el Tribunal Superior Administrativo.
“Cabrera Herrera, presidente de ICAT, junto a sus abogados, viene realizando una campaña difamatoria contra el Ministerio de la Juventud, en relación a un proceso judicial que aún está a la espera de revisión de sentencia en el Tribunal Superior Administrativo, colocando ante la opinión pública a la ministra de la Juventud, Robiamny Balcácer, como la persona demandada, contrario a como se puede confirmar en la sentencia, donde la litis la lleva la institución”, indicó.
ICAT, conociendo que judicialmente el caso está en proceso de revisión de la sentencia en el Tribunal Superior Administrativo, anuncia un supuesto fallo. Sin embargo, ningún fallo puede ejecutarse hasta adquirir la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada.
El Ministerio de la Juventud aclaró que no ha pagado con cheques a esta empresa, como la misma argumenta, puesto que la institución no utiliza esta forma de pago, exceptuando gastos menores por Caja Chica.
“Se recuerda que este caso surge cuando las empresas Icat e Icatek presentaron unas facturas por supuestos servicios académicos prestados, en vista de un convenio firmado el 23 de julio de 2013”, sostuvo.
Partes integras del comunicado
Con la intención de dar solución a la reclamación, se les solicitó a las empresas Icat e Icatek los soportes y documentos que sustentaran el pago por los supuestos servicios, para llevar los procesos que manda la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones del Estado y las demás legislaciones asociadas a estas actuaciones en el Gobierno.Sin embargo, en los archivos de los departamentos Financiero y de Becas se determinó que el expediente estaba incompleto, por lo cual se procedió a iniciar una investigación, acorde a los procedimientos administrativos.
En base al principio de Continuidad del Estado, y luego de notificada la sentencia, se llegó a un acercamiento entre las partes con el fin de gestionar el pago de la misma, pero los abogados de la parte contraria exigían que el desembolso se les hiciera a sus cuentas personales, contraviniendo los procedimientos gubernamentales para estos procesos.
En consecuencia, y en vista de que existe una oposición de pago y embargo retentivo en contra de ICAT, por una cesión de créditos con una institución financiera, el Ministerio de la Juventud se vio obligado a oponerse al pago de la supuesta deuda.
El caso en cuestión está en manos de la Justicia para que sean los jueces quienes decidan sobre este impasse, proceso que ahora debe esperar por el fallo del Tribunal Superior Administrativo, por lo cual es improcedente cualquier acción judicial al margen de esta decisión.