QUE POLÍTICA, SANTO DOMINGO.- El Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) respaldó, las decisiones adoptadas y anunciadas por el Comité Político de esa organización en la reunión celebrada domingo 6 de septiembre.
En ese contexto los diputados peledeístas se unieron al pedido del órgano de dirección partidaria, en el sentido de escoger una Junta Central Electoral por consenso, la permanencia como miembros del Comité Central de los legisladores y legisladoras salientes a partir del 16 agosto, y el cese de denuncias infundadas contra ex funcionarios del pasado gobierno.
“Nosotros los diputados del PLD manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la manera alegre en que los nuevos funcionarios del gobierno se destapan con denuncias que no se sostienen, ni resisten el más mínimo análisis objetivo de las cosas”. Expresó Gustavo Sánchez, vocero de los diputados del PLD.
Los congresistas dejaron claro que de ninguna manera se oponen a que las nuevas autoridades investiguen y encaminan por las vías correspondientes cualquier inconducta o irregularidad encontrada.
Deploran que en medio de los 100 días de gracia al nuevo gobierno, algunos funcionarios desaten una campaña de descrédito, con pronunciamientos y denuncias insostenibles, que solo buscan dañar honras y crear un ambiente de incertidumbre y mala vibra, en momentos en que se requiere de la unidad nacional para enfrentar los grandes males generados por la pandemia.
Advirtieron al PRM y al gobierno que con ese tipo de denuncias irresponsables se prostituye y desacredita cualquier esfuerzo que se quiera hacer por la transparencia, afectando además la imagen del país a nivel internacional.
El Bloque de Diputados del PLD cuestiona los pronunciamientos ligeros del Director de Presupuesto, José Rijo, quien afirmó que en la transición se pagaron 21 mil millones de pesos sin sustento, acción que entienden es imposible con los niveles de controles del Estado.
Afirmaron que ese tipo de campaña negativa no sólo afecta honras, sino que perturban la credibilidad del país, ante organismos crediticios y calificadores de riesgo, espacios a los cuales las nuevas autoridades se verán compelidas a tocar sus puertas próximamente.