QUE POLIITCA, SANTO DOMINGO.- El diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, propuso este martes un proyecto de Ley que busca eliminar las exoneraciones a los legisladores.
Sánchez entiende que estos fondos asignados a los legisladores caen “en manos de terceros” que se aprovechan de las excenciones de impuestos que favorecen a diputados y senadores. Por tanto, explicó que al manifestarse este hecho, “el Estado deja de percibir mucho dinero fruto de los impuestos”.
El diputado expresó que este proyecto de Ley ha sido una demanda “incesante” del pueblo que “por años ha exigido la eliminación de estas exoneraciones”.
“Ha sido un clamor de los ciudadanos porque esos fondos que recibimos llegan a manos de otras personas que por comprarle a un senador, dejan de pagar los impuestos correspondientes”, señaló Sánchez.
Al ser cuestionado sobre las facilidades de combustible y vehículo que están estipuladas dentro de los beneficios de los legisladores, Sánchez afirmó que dentro del proyecto que depositó se establece una cuota para que el Congreso provea de un bono vehicular a los congresistas.
La iniciativa de Sánchez contempla que a cambio de la entrega de dos exoneraciones abiertas cada dos años, los congresistas reciban un bono para la compra de los vehículos por un valor equivalente a unos 22 mil dólares.
“Un diputado que viva en Montecristi, necesita un transporte seguro para venir al Congreso, y lo que buscamos es un incentivo que lo ayude a adquirirlo, pero no a mantenerselo”, aseguró Sánchez.
De esta forma, según la pieza, se evita que circulen por las calles automóviles lujosos a nombre de diputados y senadores, pero que en realidad son propiedad de otras personas, que en muchos casos hacen un uso indebido con esas exoneraciones con la intención de no pagar los impuestos correspondientes al Estado.
Entre los considerandos del proyecto, se cita la Ley No. 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano, que dispone con carácter general que los titulares de los poderes del Estado y altos cargos administrativos, disfrutarán entre otras prestaciones o beneficios indirectos, o colaterales de vehículo oficial, combustible y chofer mientras se encuentre en el ejercicio de sus funciones, así como cobertura para atender los gastos en que incurra en caso de desplazamiento oficial.
Sánchez entiende que estos fondos asignados a los legisladores caen “en manos de terceros” que se aprovechan de las excenciones de impuestos que favorecen a diputados y senadores. Por tanto, explicó que al manifestarse este hecho, “el Estado deja de percibir mucho dinero fruto de los impuestos”.
El diputado expresó que este proyecto de Ley ha sido una demanda “incesante” del pueblo que “por años ha exigido la eliminación de estas exoneraciones”.
“Ha sido un clamor de los ciudadanos porque esos fondos que recibimos llegan a manos de otras personas que por comprarle a un senador, dejan de pagar los impuestos correspondientes”, señaló Sánchez.
Al ser cuestionado sobre las facilidades de combustible y vehículo que están estipuladas dentro de los beneficios de los legisladores, Sánchez afirmó que dentro del proyecto que depositó se establece una cuota para que el Congreso provea de un bono vehicular a los congresistas.
La iniciativa de Sánchez contempla que a cambio de la entrega de dos exoneraciones abiertas cada dos años, los congresistas reciban un bono para la compra de los vehículos por un valor equivalente a unos 22 mil dólares.
“Un diputado que viva en Montecristi, necesita un transporte seguro para venir al Congreso, y lo que buscamos es un incentivo que lo ayude a adquirirlo, pero no a mantenerselo”, aseguró Sánchez.
De esta forma, según la pieza, se evita que circulen por las calles automóviles lujosos a nombre de diputados y senadores, pero que en realidad son propiedad de otras personas, que en muchos casos hacen un uso indebido con esas exoneraciones con la intención de no pagar los impuestos correspondientes al Estado.
Entre los considerandos del proyecto, se cita la Ley No. 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano, que dispone con carácter general que los titulares de los poderes del Estado y altos cargos administrativos, disfrutarán entre otras prestaciones o beneficios indirectos, o colaterales de vehículo oficial, combustible y chofer mientras se encuentre en el ejercicio de sus funciones, así como cobertura para atender los gastos en que incurra en caso de desplazamiento oficial.