Camacho informó que, de hecho, la Pepca inició una investigación de oficio sobre la declaración jurada de la ministra Kinsberly Taveras Duarte desde el mismo momento en que se produjo la denuncia ante la opinión pública que llamó la atención sobre su patrimonio.
“El Ministerio Público ha estado dando seguimiento al tema de las declaraciones juradas, ya se trate de funcionarios salientes o funcionarios entrantes, y dentro de esos casos algunos que son omisos. Hemos estado citando a algunos funcionarios para indagar sobre su patrimonio o las razones por las que no han presentado declaración jurada; dentro de esos funcionarios está el caso de la actual ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras, que es el caso sobre el que doña Milagros (Ortiz Bosch) solicita que se agilicen las investigaciones”, dijo.
Ponderó la postura asumida por Ortiz Bosch, responsable de la Dirección General de Ética Gubernamental (DGEG), quien solicitó a la procuradora general Miriam Germán Brito, mediante una comunicación fechada el viernes 16 de octubre de 2020, priorizar el caso de la declaración de patrimonio de Taveras Duarte, pero estableció que ya el Ministerio Público tenía su investigación abierta al respecto y de hecho ha realizado varias indagatorias.
El procurador adjunto adelantó a los periodistas que cubren la fuente de la Procuraduría General que, de hecho, a Taveras Duarte se le cursó una citación ante la Pepca para esta semana.
“Nosotros, desde que se realizó el programa de la periodista Nuria Piera, de oficio, iniciamos una investigación, así que valoramos el interés de doña Milagros Ortiz Bosch, creemos que es una solicitud incluso responsable, pero este es un tema que ya el Ministerio Público, de oficio, ha estado indagando, incluso en el transcurso de esta semana nosotros estaremos cursando una citación a esta funcionaria a fin de verificar con ella el tema de su declaración jurada”, aseguró el magistrado Camacho.
Recordó que la Dirección de Persecución y la Pepca investigan las declaraciones juradas de funcionarios y exfuncionarios cuyos patrimonios presentan un incremento injustificado o datos que el Ministerio Público entiende que pueden ser falseados.
Camacho rehusó adelantar los nombres de los funcionarios o exfuncionarios que serán citados. “Citaremos a tantos funcionarios como sea necesario aclarar conforme a la información que han depositado a la Cámara de Cuentas”, enfatizó.
Recordó que la ley establece que si hay indicios de un ilícito penal en la presentación de la declaración de patrimonio, el funcionario o el exfuncionario pueden ser objeto de sanciones administrativas por la Cámara de Cuentas, pero que, además, pueden haber otros aspectos que corresponden al Ministerio Público.
Respecto a los archivos definitivos respecto a ocho de los investigados al inicio de la investigación por el desembolso de US$92 millones en sobornos que admitió la constructora Odebrecht, Camacho adelantó que ya la Pepca apoderó a Inspectoría del Ministerio Público para que investigue los procedimientos que se siguieron en esos casos.