El órgano rector dijo que la decisión fue tomada tras detectar irregularidades e inobservancias a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones, en el proceso Núm. AMBC-MAE-PEUR-2020-0002, que fueron informadas oportunamente a ese cabildo, desde el primer procedimiento de urgencia AMBC-MAE-PEUR-2020-0001, mediante una comunicación vía correo electrónico el pasado 19 de octubre y nuevamente el 19 de noviembre, que también incluía un conjunto de recomendaciones.
La institución informó que se abocará a examinar el impacto que pudieran tener las anomalías observadas en el pliego de condiciones del referido proceso para verificar si se realizó en observación al principio de juridicidad, así como de la normativa que rige las compras y contrataciones públicas, al tiempo que verificará de oficio el cumplimiento o incumplimiento de causales de nulidad absoluta o anulabilidad en el régimen de contrataciones públicas.
En la comunicación dirigida al alcalde de Boca Chica, Fermín Brito, la DGCP solicita que, en un plazo no mayor de diez días calendario, el cabildo remita el informe justificativo sobre la legalidad del procedimiento de contratación referenciado, tal y como dispone el párrafo II del artículo 72 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, y los artículos 134 y 135 del Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto Núm. 543-12.
Asimismo, la institución informó que procederá a analizar los documentos del referido expediente que consten publicados y/o hayan sido generados en el Portal Transaccional.
La DGCP recordó que dentro de los documentos que deben conformar el expediente administrativo de un procedimiento de excepción por urgencia figuran un informe pericial que justifique la urgencia; una resolución administrativa que declare la urgencia; solicitud de compra de la unidad operativa; certificación de existencia de fondos; entre otros.