Durante el juicio, que inició el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el pasado 5 de noviembre, el Ministerio Público ha mantenido firme la acusación contra los involucrados en este caso de corrupción.
Los fiscales defienden ante el tribunal las pruebas que demuestran que, producto de las actividades fraudulentas y en complicidad con la empresa brasileña, durante el período de 2002 a 2017 los imputados incrementaron sus patrimonios familiares con montos millonarios imposible de justificar.
El equipo litigante del Ministerio Público lo encabeza el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho. Le acompañan los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Ángel Darío Tejeda Fabal, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, así como los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.
Desde el pasado jueves 19 de noviembre los encartados tratan de defenderse de las imputaciones del Ministerio Público por los delitos de sobornos, prevaricación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.
El primero en defenderse fue Ángel Rondón Rijo, principal acusado del caso, quien negó haber recibido casi RD$1,000 millones y más de US$2.0 millones producto de sus acciones delictivas en perjuicio del Estado dominicano.
En la jornada de este martes abogó por su defensa el encartado Víctor Díaz Rúa, exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exsecretario de Obras Públicas.
El exfuncionario, a quien se le imputa el maniobrar para difuminar el rastro de más de RD$400 millones, rechazó las imputaciones por sobornos.
Luego que Díaz Rúa concluyó este martes su defensa, el tribunal cedió el turno al coimputado Conrado Pittaluga Arzeno, quien pidió declarar en otro momento de esta etapa del proceso.
Posteriormente, continuó el imputado Andrés Bautista García, expresidente del Senado, a quien se le atribuye introducir más de RD$1,800 millones en el sistema bancario en el indicado período. El acusado rechazó los cargos puestos en su contra.
Hasta el momento, los acusados se han rehusado a responder a las preguntas de los representantes del Ministerio Público y someterse a un interrogatorio en el que sus afirmaciones confronten un debate contradictorio que contribuya a la edificación del tribunal.
En atención a lo avanzado de la hora, las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo ordenaron la continuación del juicio el próximo, 26 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.
En la siguiente jornada expondrán los imputados Tommy Galán, exsenador de San Cristóbal, y el exdirector de Inapa Roberto Rodríguez Hernández.
El Ministerio Público busca que el tribunal condene a los imputados por incurrir en los delitos de funcionarios que se mezclan en asuntos incompatibles con su calidad y de complicidad de sobornos en el comercio y la inversión.
La acusación establece que los procesados violaron el Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.