Durante la continuación del juicio, el órgano de justicia demostrará que los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arzeno, Andrés Bautista García, Tommy Galán y Roberto Rodríguez, aumentaron sus patrimonios familiares en el período de 2002 a 2017, producto de las actividades ilícitas en connivencia con la compañía multinacional brasileña.
El grupo es acusado de cometer los delitos de sobornos, prevaricación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, así como de incurrir en actos ilícitos de funcionarios que se mezclan en asuntos incompatibles con su calidad y de complicidad de sobornos en el comercio y la inversión.
Esos delitos constituyen una violación al Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.
El Ministerio Público cuenta con miles de pruebas documentales, materiales, testimoniales e ilustrativas, así como con actos procesales e interrogatorios para demostrar los graves hechos imputados en este caso de corrupción, incluyendo las delaciones premiadas obtenidas desde Brasil en el transcurso de la investigación.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, sugirió al tribunal que en virtud de que parte de los testigos que han ofertado son de nacionalidad brasileña, cite a un traductor judicial del portugués al español, para utilizarlo en caso de que sea necesario en esta etapa del juicio en la que se conocen las pruebas.
Junto al magistrado Camacho, representan al Ministerio Público en la litigación los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Ángel Darío Tejeda Fabal, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, así como los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.
En las etapas anteriores del juicio, iniciado el pasado 5 de noviembre, las defensas técnicas de los encartados hicieron la presentación del discurso de apertura. Posteriormente, los procesados respondieron la acusación presentada por el Ministerio Público y negaron los hechos ilícitos en los que han sido involucrados.
Sobre la acusación
El Ministerio Público le atribuye al empresario Ángel Rondón Rijo haber recibido 1,000 millones de pesos y 2 millones de dólares en sus acciones delictivas con Odebrecht.En tanto que al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exsecretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, lo acusa de maniobrar para difuminar el rastro de más de RD$400 millones.
Contra el abogado Conrado Pittaluga, se establece en la acusación que administró más de RD$100 millones en actividades ilícitas relacionadas con el caso de corrupción Odebrecht.
De igual manera, al encartado Andrés Bautista García, expresidente del Senado, lo acusa de introducir más de RD$1,800 millones en el sistema bancario en el indicado período.
El exsenador de San Cristóbal, Galán Grullón, es acusado de aumentar ampliamente su patrimonio en 2016 cuando declaró RD$31,704,547.00, para un incremento en este último año de RD$12,304,547.00.
Mientras que el también exdirector de Inapa, Juan Roberto Rodríguez Hernández, es acusado de recibir sobornos. Los miembros del Ministerio Público señalaron que dicho imputado en 2006 recibió ingresos por salarios por un monto de RD$2,047,772.98, pero colocó en el sistema financiero RD$23,070,050.33.
La institución del sistema de administración de justicia asegura que en la próxima etapa del juicio, demostrará que los procesados se enriquecieron de manera ilícita en perjuicio del Estado y el pueblo dominicano.
Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo ordenaron la suspensión del juicio tras agotar la jornada y ordenaron su continuación el próximo jueves 3 de diciembre, a partir de las 9:00 de la mañana.