Durante el acto de firma, los titulares de la DGCP y Pro-Competencia, Carlos Pimentel y Yolanda Martínez, respectivamente, se comprometieron a crear una mesa de trabajo interinstitucional que trabajará en la elaboración de un protocolo para el tratamiento de los posibles casos de colusión, que no es más que un acuerdo secreto entre potenciales o actuales proveedores-oferentes del Estado que pactan la conducta a seguir con la finalidad de evitar la competencia entre sí y beneficiarse ilegítimamente de mejores condiciones de contratación con el Estado.
“La firma de este acuerdo, precisamente en el Día Internacional contra la Corrupción, es simbólica porque una de las violaciones recurrentes que conducen a los delitos precedentes de la corrupción es precisamente la colusión”, dijo Pimentel.
En ese sentido, el director de la DGCP explicó que la institución se auxilia de herramientas tecnológicas y la ciencia de los datos para ser más eficiente en la detección de esta práctica, mediante el análisis de cada proceso, desde la presentación de las ofertas técnicas y económicas, hasta la composición accionaria de las empresas oferentes.
Por su parte, la presidenta de Pro-Competencia, dijo que a partir de la detección y prevención de este ilícito se pueden lograr compras públicas que salvaguarden el gasto público en favor de los contribuyentes y avanzar en la construcción de un Estado de derecho.
“La idea es que podamos tener suplidores más confiables desde todo punto de vista; para que no haya acuerdos entre competidores para licitar y dañar al Estado y evitar que se pongan de acuerdo para subir los precios, para repartirse territorio, lotes, etcétera, porque eso al final es lo que hará un gasto más eficiente, que es lo que todos queremos para contribuir a la transparencia”, dijo Martínez durante la firma del acuerdo.
Otro de los ejes del convenio consiste en coordinar la realización de capacitaciones y talleres en materia de competencia y de contrataciones públicas y fortalecer el intercambio de información relacionada con los procesos de compras públicas desarrollados por las distintas entidades estatales; así como conocimientos, mejores prácticas administrativas, material bibliográfico y normativo, estadísticas y otros materiales que resulten de mutuo interés.