Esta evaluación determinará las áreas prioritarias a corto, mediano y largo plazo para contrarrestar los efectos tanto en la actividad económica como el impacto humano, lo que permitirá el diseño de estrategias de recuperación, la planificación e implementación de acciones prioritarias y la formulación de políticas públicas para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado a esta y futuras crisis.
Liderada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en la evaluación participa un equipo técnico integrado por más de 60 especialistas de los principales sectores económicos y de desarrollo, como salud, educación, turismo, empleo, producción, transporte, agricultura, seguridad alimentaria, medio ambiente y protección social, entre otros.
Asimismo, se cuenta con la participación de un equipo técnico de más de 70 expertos y expertasnacionales e internacionales de parte de la cooperación internacional, que incluyen el PNUD, FAO, PMA, UNICEF, UNESCO, UNFPA, ACNUR, OIT, OPS/OMS, ONU-Mujeres, CEPAL, Banco Mundial, Unión Europea y BID. El PNUD ejerce el liderazgo técnico del equipo multidisciplinario que contribuye con los análisis de los sectores estratégicos y asesora al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en la definición de prioridades para la formulación del Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2021-2024, en coordinación con todas las instituciones del sector público.
Esta evaluación facilitará la definición de prioridades y decisiones de política pública por el Gobierno nacional, los gobiernos territoriales y de todas las funciones de Estado; así como de los organismos internacionales, el sector privado y la sociedad civil. Estas prioridades serán incorporadas a la planificación multianual garantizando así el cumplimiento de los objetivos trazados en materia de desarrollo económico, social y humano.
Se estima que lo generado por la COVID-19, que empezó siendo una emergencia sanitaria, es una de las crisis socioeconómicas más complejas de las últimas décadas. Para la región de América Latina y el Caribe, sus impactos podrían provocar un retroceso en los índices de desarrollo humano, aumentando el desempleo, frenando las tasas de escolaridad y aumentando los niveles de pobreza y desigualdad.
En República Dominicana, según la encuesta SEIA-Red Actúa, realizada a más de 5,000 hogares en condición de vulnerabilidad por un grupo de agencias del Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Único de Beneficiaros (SIUBEN), más del 50% de los hogares encuestados había reportado pérdidas de ingresos o empleo, y más del 70% había expresado preocupación para acceder a alimentos con regularidad.