En el inicio de la audiencia para conocer las medidas de coerción, el magistrado Vargas tomó la decisión luego de que la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, hiciera la solicitud con apego a principios de racionalidad y economía procesal.
Méndez Pineda es el último arrestado en el marco de las investigaciones que dieron con el entramado de exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros que se aprovecharon de sus vínculos con el poder político para enriquecerse a costa de los recursos aportados al Estado por los contribuyentes.
En el expediente figuran como encartados los hermanos Juan Alexis Medina Sánchez y su hermana Carmen Magalys Medina Sánchez. Además, los exfuncionarios Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andujar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.
El juez Vargas también rechazó el pedimento de la defensa de varios de los encartados en el sentido de que se aplazara el conocimiento de la medida. El magistrado entendió que no debe alargar la definición de la situación jurídica de quienes guardan prisión en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva bajo cargos de corrupción administrativa.
Ante las intervenciones de algunos abogados, que alegaban haber dispuesto de poco tiempo para planificar la defensa con sus clientes a pesar de que admitían que habían leído las 267 páginas de la instancia instrumentada por el Ministerio Público, el juez recordó que la actual fase del proceso consiste en una medida de coerción y no en un juicio de fondo. No obstante, concedió 45 minutos para que los imputados y sus representantes realicen las reuniones que entiendan necesarias.
“No ha habido unificación de la defensa, nosotros estamos listos para conocer esta medida de coerción. Nosotros podemos comprender que se quiera huir al conocimiento de ella, pero nosotros estamos listos en el día de hoy”, expuso al respecto el magistrado Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dependencia que coordina la Operación Anti Pulpo.
Los procuradores adjuntos Reynoso y Camacho encabezan el equipo de fiscales que representan al Ministerio Público en esta audiencia.