“Entendemos que es una decisión ajustada al derecho; que el mismo juez, a voces que alegaban persecución política, las dejó en evidencia”, resaltó la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público.
“Las pruebas que presentó el Ministerio Público fueron demoledoras y el juez reconoció que las pruebas eran más que suficientes para una medida de coerción”, declaró Reynoso, al finalizar la audiencia realizada en la sala del Primer Tribunal Colegiado, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
“Tal como han sido las instrucciones de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, el Ministerio Público ha hecho una investigación de manera inicial”, anunció, al dejar claro que las pesquisas seguirán su curso hasta alcanzar todos los tentáculos de la red de corrupción tejida alrededor de Medina Sánchez.
El Ministerio Público tendrá tres meses para demostrar con sus indagatorias y evidencias que el entramado corrupto se benefició de los vínculos con el poder político para hacer negocios por casi cinco mil millones de pesos.
El imputado Juan Alexis creó una serie de empresas de carpeta para beneficiarse como suplidor del Estado durante la gestión presidencial de su hermano Danilo Medina.
El propio juez José Alejandro Vargas, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, resaltó el carácter oportunista con el que Medina Sánchez se aprovechó de su conexión familiar con el poder.
“El juez entiende que (los imputados) se asociaron con propósitos ilícitos y esos propósitos ilícitos han llevado al Ministerio Público a llevar esta investigación que tendrá que completar”, dijo Vargas.
Explicó que conocía a Juan Alexis desde hace mucho tiempo y deploró la forma en que aprovechó su condición filial para hacer negocios con el Estado en perjuicio de los contribuyentes y de otros empresarios competidores.
El juez impuso tres meses de prisión preventiva al encartado Medina Sánchez y a los exfuncionarios Francisco Pagán, Fernando Rosa y Aquiles Cristofer Sánchez. También para los presuntos testaferros o prestanombres Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
La prisión domiciliaria recae sobre la otra hermana del exmandatario, Carmen Magaly Medina Sánchez, quien también era funcionaria pública, y el exministro de Salud Freddy Hidalgo, así como para el ex contralor Rafael Antonio Germosén.
En cuanto a la decisión de dejar en libertad condicionada a presentación periódica al coimputado y alegado testaferro Domingo Santiago Muñoz, el Ministerio Público estudiará si solicita una revisión.
“La realidad es que el imputado Alexis Medina Sánchez y la asociación de malhechores de que formó parte asumió el país como un fundo personal, al cual explotaron de forma indiscriminada y la decisión del juez hoy es consecuencia de esos actos que depredaron los fondos públicos, el erario de República Dominicana”, comentó el procurador adjunto Wilson Camacho, quien junto a Reynoso ha estado a cargo de la Operación Anti Pulpo, en su condición de titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).