Además de la citada suma, Octavio Augusto Morillo Díaz fue condenado a cubrir las costas procesales, ascendentes a RD$500,000.
El monto de los 5.2 millones corresponde al valor de la energía eléctrica ilegalmente sustraída desde 2007 y hasta que fue sometido a la justicia por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), en agosto de 2011.
Según quedó establecido en la sentencia, el total de energía sustraída ilegalmente fue estimado en 564,879 kilovatios hora.
Para su decisión, el tribunal valoró las evidencias aportadas por la PGASE, que sometió a la justicia al empresario tras recibir la querella de la Empresa Distribuidora de Electricidad (EdeEste).
Morillo Díaz, dueño de la empresa bajo la razón social Báez Morillo C. por A., ubicada en el sector Villa María, fue declarado culpable de haber violentado lo establecido en la Ley General de Electricidad (125-01), que le atribuye fraude eléctrico al que “intencionalmente sustraiga, o se apropie de energía eléctrica, para su propio beneficio o de tercero”, mediante medios fraudulentos.
Por mandato del artículo 125-4 de la Ley 186-07, que modifica la Ley de Electricidad, se creó la figura del Procurador Adjunto para el Sistema Eléctrico, con el objetivo “de dirigir y supervisar la política de persecución” para someter ante la ley a los autores de fraudes en esta materia.
En la actualidad, dicha función la ejerce el magistrado Francisco Polanco Ureña, quien resaltó que las violaciones a esta legislación son delitos que perjudican al sistema eléctrico y al total de los usuarios.