Este decreto refleja el firme compromiso de fortalecer la institucionalidad y poner fin a la inercia que históricamente se ha mostrado al momento de promover las acciones que procuren la reposición de bienes y recursos que han sido sustraídos del patrimonio público, al amparo de diversas modalidades operativas, ya sea por la comisión de infracciones o ilícitos penales, como por omisiones, actos de negligencia e imprudencia o violaciones a las leyes.
Se declara de interés nacional la recuperación del patrimonio público que se haya defraudado y se precisa que la recuperación de estos bienes, valores o derechos se invertirán en proyectos que mejoren la calidad de vida del pueblo dominicano, que es su verdadero propietario.
Mediante el referido decreto se instruye a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo la conformación de un equipo de abogados de reputada trayectoria, prestigio y notoriedad.
De igual forma, se designa al señor Jorge Luis Polanco Rodríguez como coordinador general del equipo de abogados y a los señores José Luís Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez como coordinadores de equipos.
Con esta acción se procura el fortalecimiento de la hacienda pública y el desmonte de un estado prácticamente inamovible de impunidad.