Consideró que para hacer un allanamiento se debe tener pruebas irrevocables en contra de un perseguido, ya que luego de producirse, ocasiona un daño moral difícil de resarcir.
Dijo que la bancada del PLD hizo una resolución emplazando tanto a la Procuraduría General de la República como al director de la Policía para que respondan ante el Congreso sobre esos atropellos.
Señaló que tanto lo ocurrido en la propiedad de Abel Martínez, como los maltratos que está llevando a cabo la policía en contra de la población se inscribe en la violación del estado de derechos de la ciudadanía.
Indicó que pese a que el Ministro de Interior y Policía se pronunció en contra de esos desmanes, el jefe de la Policía declaró que irán con “todos los hierros y de manera furtiva a atropellar a la ciudadanía”, por lo que se evidencia una falta de coordinación.
“En el caso del compañero Abel Martínez nos solidarizamos con la preocupación que está manifestando”, precisó Gustavo Sánchez, quien estaba presente en la rueda de prensa encabezada por Abel Martínez, quien calificó de abuso y atropello el allanamiento a la vivienda usada como oficina política en los últimos 15 años.