La Conferencia Magistral fue ofrecida a través de la plataforma Zoom, con la participación de Bautista López, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD; Manuel Sánchez, director del Recinto UASD – San Juan de la Maguana; Héctor Pereyra, director de la Escuela de Derecho; y varios maestros de la UASD.
El presidente de la JCE, Román Jáquez, inició su conferencia resaltando que el rol que desempeña la JCE en cuanto a los derechos políticos debe partir necesariamente desde el surgimiento de órganos electorales, toda vez que este aspecto tiene una estrecha vinculación con la necesidad de proteger y hacer verdaderamente efectivos los derechos humanos en su vertiente política.
Explicó que, desde su concepción, pero concretamente después de la caída del régimen trujillista, la JCE ha ido adquiriendo una importante relevancia en nuestro ordenamiento jurídico.
Destacó que la administración electoral no es más que gestión de procesos y aplicación de procedimientos apegados a la Constitución, a las leyes y a la jurisprudencia vinculante, enfatizando que estas operaciones incluyen desde la preparación de proyectos de leyes hasta la transmisión y anuncio de resultados, pasando por la planificación estratégica y operativa, el registro de electores, inscripción de candidatos y candidatas, seguimiento de campaña, control de los gastos financieros y la equidad en el acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos, entre otros aspectos.
Respecto de lo anterior, explicó que la JCE en su fase inicial exige la adecuación de las normas electorales en procura de convertir en fortalezas las debilidades detectadas en la contienda electoral anterior, por lo que se ha abocado a la revisión de leyes de Régimen Electoral y de Partidos Políticos.
“Estas leyes tienen otras falencias, contradicciones, ambigüedades y disposiciones que no se asocian a la igualdad y que requerirán de la socialización y consulta con los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, con los legisladores, la sociedad civil, con la Academia, medios de comunicación, expertos electorales, constitucionales y administrativistas, y sectores amplios de la sociedad en sentido general”, detalló Jáquez.
Jáquez Liranzo precisó que las valoraciones a realizar incluyen el Método D'Hondt, debates entre candidatos y candidatas en procura del fortalecimiento del voto consciente, así como un régimen de consecuencia penal-electoral con una actuación más coordinada entre la JCE, el Ministerio Público-Electoral y Policía Militar Electoral a la hora de la ocurrencia de infracciones electorales.
Precisó también que hay que ajustar a criterios jurisdiccionales el tema de las reservas y su armonización con la proporción de género, las alianzas, fusiones y coaliciones que se contradicen en los plazos de la ley, y reconocer avances en la proporción de género de un 40-60 %, pero que, sin embargo, la Constitución y la democracia señalan claramente una equidad y una proporción igualitaria del 50-50%.
A propósito de celebrarse hoy el Día Nacional de la Juventud, el presidente Román Jáquez dijo que también se debe hacer una valoración de la cuota de la juventud.
Enfatizó que la sociedad dominicana y política debe valorar y fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos económicos que asigna el Estado a los partidos políticos en una reforma y darle más garras al régimen de consecuencia en el uso de los recursos del Estado para campañas.
Igualmente, hizo referencia a la propuesta realizada por su persona, al momento de ser entrevistado en el Senado de la República, sobre los porcentajes en que deben ser distribuidos los fondos que el Estado asigna a los partidos políticos, detallando estar de acuerdo con que se determine en el financiamiento público un porcentaje (como ocurre en otros países) a todos por igual y el resto según la fuerza de votación.
Finalmente, aclaró que la JCE no es un tribunal y que la misma está para aplicar la Constitución y las leyes, así como ejecutar las sentencias de los órganos constitucionales que le ordenan cuestiones producto de un diferendo con carácter vinculante.