En esta ocasión fue diferente. El consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aclaró que denominar los años es una vieja costumbre, no así un mandato legal.
Señala Listin Diario que en un comunicado se indica que en la administración pública los usos y costumbres se deben conservar cuando contribuyen a un fin “práctico de manera costo eficiente”, por lo que consideran que este no es el caso de los decretos emanados del Poder Ejecutivo para declarar cada año un propósito principal que deben perseguir todas las instituciones públicas.
Detalla que dentro de las atribuciones del presidente de la República está expedir decretos, pero no constituye una obligación como jefe de Estado expedir uno en particular.
“Considerando que los desafíos enfrentados durante el año que recién termina dejaron secuelas sociales y económicas que multiplicaron nuestros problemas históricos es imposible elegir un tema en particular para atender por encima de los demás”, expresa el comunicado.
Sostiene que esta práctica también supone el desperdicio de una importante cantidad de dinero por el material gastable que cada año debe destinarse para imprimir los materiales con el nuevo tema.
“Nosotros estamos comprometidos con la reducción de gastos superfluos como el que genera esta práctica”, indica.