El órgano rector informó que en el marco del monitoreo preventivo, iniciado en enero pasado, se observaron irregularidades preliminares en el pliego de condiciones del procedimiento de urgencia AYUNTAMIENTO SAN P.-MAE-PEUR-2021-0001, así como en su ejecución, en el cual resultó adjudicataria la empresa RJC Clear, SRL, constituida hace apenas cinco meses, cuando el pliego de condiciones exigía una experiencia de más de siete años, lo que unido a las alertas recibidas, ameritan una investigación más profunda por parte de la DGCP para identificar potenciales violaciones a la ley y determinar las consecuencias jurídicas de cara al procedimiento de urgencia celebrado.
De igual manera, se verificaron plazos no razonables en todas las etapas del proceso, a partir de la recepción de ofertas, ya que las fases subsiguientes transcurren en el mismo día y con una diferencia de minutos, contrario a lo que establecen los principios de eficiencia y razonabilidad contenidos en los numerales 1 y 9 del artículo 3 de la Ley Núm. 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas.
Antecedentes
Con este caso, se eleva a tres el número de alcaldías, en cuyas contrataciones para la recogida de basura, el órgano rector ha identificado, preliminarmente, inobservancias a la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, lo que ha obligado a abrir investigaciones desde el mes de agosto a la fecha.En noviembre pasado, la DGCP abrió un proceso de investigación en torno al contrato suscrito por el Ayuntamiento Municipal de La Romana con la empresa Urbaluz S.R.L., al recibir denuncias de que se había realizado mediante una contratación directa en vez de convocar a un proceso competitivo.
Ese mismo mes, hizo lo propio con relación al procedimiento de excepción por urgencia llevado a cabo por el Ayuntamiento de Boca Chica, el cual presuntamente fue llevado a cabo sin cumplir con requisitos esenciales que la Ley de Compras exige para este tipo de procedimiento.
En reuniones sostenidas con alcaldes y directivos de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), el director de la DGCP, Carlos Pimentel, ha insistido en la necesidad de que la contratación de empresas prestadoras del servicio de recogida de desechos sólidos se realice con apego a la legalidad, en un marco de transparencia, competitividad, economía y responsabilidad.