Leyda Margarita Piña Medrano, Jotin Cury David, Wilson Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez Martínez fueron jueces en los períodos 2011-2018 y 2011-2020, a pesar de que desde su gestión cursa el control preventivo de este acuerdo no ha podido declararse inconstitucional por falta de nueve votos.
Indicaron que hasta que los jueces no se pongan de acuerdo en cuanto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acuerdo éste no podrá ejecutarse.
Señala Hoy Digital que el tema sale a colación luego de que el presidente Luis Abinader mostrara su interés en que se le dé el visto bueno ya que entiende que este pacto podría facilitar el turismo.
Sin embargo, los juristas indican que este acuerdo no está siendo abordado con profundidad ya que tiene acápites que vulneran la soberanía dominicana por los siguientes aspectos:
«Es referido prechequeo forma parte de un programa de los Estados Unidos con el propósito de prevenirse de los terroristas, así como de otras amenazas a la seguridad nacional en el ingreso al territorio norteamericano. Este acuerdo sólo existe en seis países del mundo. Omitir el objetivo fundamental de la preautorización como política de seguridad Nacional de los Estados Unidos y acentuar los cuestionables beneficios colaterales que tendría dicho acuerdo para el turismo, ha sido la maniobra que se viene usando desde entonces por diferentes sectores nacionales de nuestro país para facilitar su aprobación».
«Permitir la instalación de áreas de pre autorización en territorio dominicano para que funcionarios de la dirección de aduanas y protección fronteriza del departamento de seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos autoricen los procesos de migración y aduanas en el transporte aéreo de pasajeros para entrar a este país eran los artículos 3 y 6 de la Constitución dominicana por cuanto implica cesión de soberanía esto significa una extensión de las fronteras de los Estados Unidos en el territorio nacional además el acuerdo contradice el presidente del tribunal constitucional sentado en la sentencia 0315/15 que reafirmó la soberanía de las autoridades dominicanas en consonancia con los artículos 3 y 252 de la Ley fundamental».
-«El anexo sobre el tema de los refugiados que es la parte integral del acuerdo, es lo más grave pues los prechequeo se han convertido en un medio para evitar que los solicitantes de asilo lleguen al Estado donde pretenden formalizar su solicitud. El ámbito de aplicación de la normativa de protección internacional suele estar sujeta al territorio no siendo consideradas como tal por los Estados Unidos las áreas de pre autorización. De ahí, que para esos fines la solución al problema es el controversial anexo al referido acuerdo. En dicho anexo se incorpora una tutela por parte de los Estados Unidos de las políticas de asilo en República Dominicana».