QUE POLITICA, SANTO DOMINGO.- La magistrada Miriam Germán Brito abordó esta mañana con los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho la estrategia que seguirá el Ministerio Público para lograr que los tribunales condenen a los responsables del asesinato del abogado Yuniol Ramírez y de cometer actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
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Germán Brito sostuvo una reunión sobre el tema con Reynoso y Camacho, responsables de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en consonancia con su interés de que en el caso, como en todos los que están bajo la responsabilidad de su gestión, “se siga poniendo todo el empeño para que los tribunales puedan disponer de las pruebas necesarias al momento de aplicar todo el peso de la ley a los responsables de cometer los delitos”.
La procuradora recordó que su gestión tiene “un deber social ineludible con que se castiguen todos los delitos”.
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El miércoles de esta semana la Procuraduría General de la República oficializó el arresto de Argenis Contreras González, encargado de Compras y Contrataciones durante la gestión de Manuel Antonio Rivas Medina y uno de los principales autores materiales del secuestro y asesinato de Ramírez Ferreras.
El caso de corrupción administrativa en la OMSA, que se investiga a raíz del asesinato de Ramírez Ferreras, está bajo la responsabilidad de la Pepca desde que la procuradora Germán Brito dispuso la avocación, el 27 de agosto pasado, de una serie de expedientes que habían sido transferidos a la Fiscalía del Distrito Nacional desde antes de que ella pasara a ser la titular de la Procuraduría, posición que ocupa desde el 16 de agosto de 2020.
Como en todos los procesos de corrupción, la Procuraduría General tiene interés de que los tribunales, y toda la sociedad, conozcan todos los detalles del asesinato de Ramírez Ferreras, así como la dinámica de corrupción que operó en la OMSA durante la gestión de Rivas Medina, a la que sirvió el deportado.
Este miércoles, Contreras González fue trasladado desde la cárcel preventiva de Ciudad Nueva hasta la sede de la Procuraduría, donde los magistrados Reynoso y Camacho continuaron con los interrogatorios que habían iniciado la tarde del martes, día en que las autoridades de Estados Unidos lo entregaron al país. El imputado, que estuvo prófugo de la justicia desde octubre de 2017, será presentado ante el tribunal de la instrucción en las próximas horas.
En su condición de titular de la Pepca, Camacho acudió al Aeropuerto Internacional de las Américas, donde dejó bajo arresto al acusado por delitos de secuestro, asesinato y corrupción administrativa.
Como en todos los procesos que llevan los fiscales del país, la actual gestión del Ministerio Público presta atención al Caso Yuniol Ramírez-OMSA. Por esa razón, al comprobar que Contreras González no había sido solicitado en extradición, hizo los aprestos necesarios para gestionar ante las autoridades de Estados Unidos la entrega del imputado.
Estas diligencias se intensificaron en noviembre de 2020 y para el 22 de diciembre al entonces fugitivo se le denegó la apelación en el proceso migratorio en Estados Unidos. También la justicia le rechazó las mociones pendientes de decisión en el Segundo Circuito, incluyendo una con la que procuraba la suspensión de su deportación para seguir evadiendo a los tribunales dominicanos.
Germán Brito sostuvo una reunión sobre el tema con Reynoso y Camacho, responsables de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en consonancia con su interés de que en el caso, como en todos los que están bajo la responsabilidad de su gestión, “se siga poniendo todo el empeño para que los tribunales puedan disponer de las pruebas necesarias al momento de aplicar todo el peso de la ley a los responsables de cometer los delitos”.
La procuradora recordó que su gestión tiene “un deber social ineludible con que se castiguen todos los delitos”.
El miércoles de esta semana la Procuraduría General de la República oficializó el arresto de Argenis Contreras González, encargado de Compras y Contrataciones durante la gestión de Manuel Antonio Rivas Medina y uno de los principales autores materiales del secuestro y asesinato de Ramírez Ferreras.
El caso de corrupción administrativa en la OMSA, que se investiga a raíz del asesinato de Ramírez Ferreras, está bajo la responsabilidad de la Pepca desde que la procuradora Germán Brito dispuso la avocación, el 27 de agosto pasado, de una serie de expedientes que habían sido transferidos a la Fiscalía del Distrito Nacional desde antes de que ella pasara a ser la titular de la Procuraduría, posición que ocupa desde el 16 de agosto de 2020.
Como en todos los procesos de corrupción, la Procuraduría General tiene interés de que los tribunales, y toda la sociedad, conozcan todos los detalles del asesinato de Ramírez Ferreras, así como la dinámica de corrupción que operó en la OMSA durante la gestión de Rivas Medina, a la que sirvió el deportado.
Este miércoles, Contreras González fue trasladado desde la cárcel preventiva de Ciudad Nueva hasta la sede de la Procuraduría, donde los magistrados Reynoso y Camacho continuaron con los interrogatorios que habían iniciado la tarde del martes, día en que las autoridades de Estados Unidos lo entregaron al país. El imputado, que estuvo prófugo de la justicia desde octubre de 2017, será presentado ante el tribunal de la instrucción en las próximas horas.
En su condición de titular de la Pepca, Camacho acudió al Aeropuerto Internacional de las Américas, donde dejó bajo arresto al acusado por delitos de secuestro, asesinato y corrupción administrativa.
Como en todos los procesos que llevan los fiscales del país, la actual gestión del Ministerio Público presta atención al Caso Yuniol Ramírez-OMSA. Por esa razón, al comprobar que Contreras González no había sido solicitado en extradición, hizo los aprestos necesarios para gestionar ante las autoridades de Estados Unidos la entrega del imputado.
Estas diligencias se intensificaron en noviembre de 2020 y para el 22 de diciembre al entonces fugitivo se le denegó la apelación en el proceso migratorio en Estados Unidos. También la justicia le rechazó las mociones pendientes de decisión en el Segundo Circuito, incluyendo una con la que procuraba la suspensión de su deportación para seguir evadiendo a los tribunales dominicanos.