Las declaraciones juradas corresponden a los imputados Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); el expresidente del Senado, Andrés Bautista García; el exsenador por la provincia San Cristóbal, Tommy Galán, y el también exdirector de Inapa, Roberto Rodríguez Hernández.
El juicio en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por los US$92 millones que pagó en sobornos la empresa brasileña, también se sigue en contra del empresario Ángel Rondón Rijo, exrepresentante de Odebrecht en el país, y del abogado Conrado Pittaluga Arzeno.
En la jornada de este jueves ofrecieron sus declaraciones los testigos a cargo número 13 y 14 del Ministerio Público, Anny Puello, quien ya concluyó su comparecencia, y Julián Rojas, quien continuará testificando en la audiencia del próximo lunes.
Al responder preguntas de los periodistas, tras concluir la audiencia, la fiscal de la Pepca, Mirna Ortiz, destacó que incorporaron las declaraciones juradas de los imputados.
No obstante, manifestó el desacuerdo del Ministerio Público con la decisión del tribunal que excluyó el informe del testigo a solicitud de los abogados defensores del imputado Tommy Galán.
“El Ministerio Público hace de conocimiento que no está de acuerdo con la decisión adoptada por el tribunal y así lo hicimos saber en nuestro recurso de oposición; sin embargo, somos respetuosos de las decisiones tomadas por el órgano jurisdiccional”, apuntó.
En ese sentido, la coordinadora de Litigación de la Pepca dijo que el Ministerio Público, atacó, como debía, en base a lo que establecía la ley, la decisión del tribunal, al tiempo que reiteró su desacuerdo.
“Incluso, el tribunal se ha apartado de un precedente del Tribunal Constitucional, que como todos sabemos, son vinculantes para los tribunales del órgano jurisdiccional y es de la Sentencia 0001-15 que establece que los órganos constitucionales no se superponen unos sobre otros, o sea, que la actuación de un órgano constitucional no invalida la actuación de otro órgano constitucional, como es el caso del Ministerio Público y la Cámara de Cuentas”, manifestó.
En sus respuestas a la prensa aclaró: “Lo único que se ha excluido es el informe del testigo, las declaraciones juradas no han sido excluidas; están aportadas como pruebas y lo único que va a hacer el Ministerio Público es posponer, entonces, el análisis de información de las declaraciones juradas a su alegato de clausura”.
Detalló que el informe se basa en los datos de las declaraciones juradas, al tiempo de destacar que “en los alegatos de clausura, en vez de decirlo el testigo, entonces, lo diremos nosotros; sacaremos las conclusiones de la información que tienen las declaraciones juradas”.
Ortiz, quien forma parte del equipo litigante que representa al órgano acusador en el juicio, bajo la dirección del titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho, aseguró “que el Ministerio Público sigue firme en su proceso”.
Expresó que ello para nada lesiona las pretensiones del Ministerio Público.
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo continuarán escuchando al testigo número 14 del Ministerio Público el próximo lunes 1 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana.