La audiencia se reanudó alrededor del mediodía de este lunes, luego de que el Ministerio Público lograra que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazara una objeción presentada por la defensa del imputado Víctor Díaz Rúa a la testigo Paulino Cáceres.
La fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que, con esta nueva comparecencia, el Ministerio Público continúa incorporando informes financieros relativos a los procesados, acusados de recibir y distribuir los US$92 millones que la empresa brasileña pagó para obtener contratos de obras públicas en República Dominicana.
“Se presentan los informes conforme se presentan los testigos, porque cada testigo habla de sus informes; entonces, aunque ya presentamos con la testigo Nadieska (Álvarez) varios informes financieros relacionados a Ángel Rondón y a Víctor Díaz, ahora estamos incorporando informes financieros pendientes de incorporación”, declaró Ortiz, al responder preguntas de los periodistas que cubren el juicio.
Explicó que el Ministerio Público ahora incorpora los informes físicos de Víctor Díaz Rúa, de sus empresas, y de Tommy Galán, para demostrar su incremento patrimonial, así como de dónde obtenían los recursos en el tiempo que fueron funcionarios y todos los datos relacionados con sus ingresos registrados en fuentes oficiales, como la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores y demás.
El Ministerio Público destaca en un documento de prensa que con los primeros 10 testigos, los fiscales lograron incorporar 412 pruebas y que suman 28 los testigos que presentarán en esta fase.
La magistrada Mirna Ortiz forma parte del equipo litigador en el juicio, el cual está encabezado por el titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho.
Junto a Rondón Rijo, Díaz Rúa y Tommy Galán son procesados Andrés Bautista García, Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez.
Con más de 1,700 pruebas que serán presentadas durante el proceso, el Ministerio Público procura demostrar que los encartados violaron el Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.
El órgano persecutor de la corrupción administrativa dijo que las pruebas han sido obtenidas de manera lícita y precisó que entregaron al tribunal todas las órdenes judiciales que amparan la información financiera relacionada con los encartados.
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo continuarán escuchando a la testigo número 11 del Ministerio Público este martes 9 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana.