El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), magistrado Wilson Camacho, ponderó la decisión de la jueza interina del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, en virtud de la trascendencia de los hechos y por tratarse de un imputado que había logrado evadir la justicia.
La Pepca, con el interés de agilizar el proceso, pidió que se fijara el conocimiento de la audiencia preliminar para conocer de la acusación contra Contreras, una petición que el tribunal acogió al fijar la fecha para el 19 de marzo próximo. La jueza levantó el estado de rebeldía que pesaba en contra del imputado y ordenó su envío al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
“El tribunal ha fallado correctamente y conforme lo ha planteado el Ministerio Público”, resaltó el magistrado Camacho, al recordar una vez más el empeño que tiene la actual gestión de la procuradora Miriam Germán Brito en que se esclarezcan todos los casos que llevan los fiscales en aras de que las víctimas directas de los delitos y toda la sociedad sean resarcidas.
El titular de la Pepca explicó que el caso por el asesinato de Yuniol Ramírez, abogado y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ya había sido declarado complejo, por lo que el proceso que se abre contra Contreras sigue la misma suerte.
Dijo que todavía no han culminado el interrogatorio al imputado y adelantó que seguirá hasta obtener la mayor cantidad de información posible. “Buscamos aproximarnos tanto como se pueda al conocimiento de la verdad y, más adelante, veremos hacia dónde nos llevan esas informaciones, pero son parte de una investigación que no podemos revelar”, declaró.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de asociación de malhechores, asesinato y ocultamiento del cadáver, así como actos de soborno.
Argenis González es acusado por el Ministerio Público como autor material en el secuestro y asesinato de Ramírez Ferreras, en octubre de 2017, un hecho criminal vinculado con actos de corrupción administrativa mientras se desempeñó como funcionario en la OMSA durante la gestión de Manuel Rivas.
El abogado Yuniol Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (Cona), fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en la provincia Santo Domingo.
Luego de perpetrado el crimen, Argenis Contreras huyó del país. Tres años después y tras los esfuerzos de la actual gestión de la Procuraduría General, el Ministerio Público logró que Estados Unidos lo entregara para que responda por los graves hechos que se le imputan en el país.
El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional conoce la fase preliminar del proceso por el crimen, en el que están también implicados José Mercado (El Grande), Víctor Ravelo Campos (El Herrero); Jorge Luis Abreu Fabián (El Taxista) y Heidy Carolina Peña.
La investigación sobre malversación de fondos en la OMSA está a cargo de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público y de la Pepca, que dirigen los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, desde que la magistrada Germán Brito dispuso la avocación del caso de corrupción que era liderado por la Fiscalía del Distrito Nacional.