Entrevistado en Despierta con CDN, canal 37, el exfuncionario de Punta Catalina indicó que eso (de los pagos) es parte de la solución a una disputa que se produjo entre las partes (entre constructores y el dueño de la obra, que era la CDEEE) en el proceso de construcción.
“El ministro Almonte ha querido decir que ese tema es escandaloso y desconocido por el gran público. Y por eso traje publicaciones de medios de comunicación de ese momento, porque lo que fue el acuerdo al que se llegó en Nueva York, eso se publicó totalmente”, dijo Escuder a los periodistas que le entrevistaron.
Según había informado en agosto de 2017 la CDEEE, el pedido de pago del consorcio constructor (integrado por las firmas Odebrecht-Tecnimont-Estrella), adicionales a los US$1,945 millones que establecía el contrato original de ingeniería, procura y construcción, se sustentaba en dos puntos globales. El primero era que había aspectos relacionados con el cronograma de construcción y una posible extensión de plazos de terminación de la obra.
Según había informado en agosto de 2017 la CDEEE, el pedido de pago del consorcio constructor (integrado por las firmas Odebrecht-Tecnimont-Estrella), adicionales a los US$1,945 millones que establecía el contrato original de ingeniería, procura y construcción, se sustentaba en dos puntos globales. El primero era que había aspectos relacionados con el cronograma de construcción y una posible extensión de plazos de terminación de la obra.
Y segundo, que había modificaciones incurridas en el proyecto por situaciones surgidas en el proceso que no fueron contempladas previamente.
Cuando la CDEEE habló por primera vez a la prensa sobre esos requerimientos que se le hacían al Gobierno, los trabajos estaban avanzados en un 80%, promedio, que resultaba de los avances de cada área contractual (ingeniería: 99%; procura: 98% y construcción: 55%).
Este viernes, Aristy Escuder recordó que el 17 de marzo de 2020, en el marco del Centro Internacional de ADR de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), el Gobierno dominicano, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), logró reducir desde US$973.2 millones a US$395.5 millones el monto reclamado por el Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella como pago adicional por la construcción del proyecto CTPC a carbón.
La solución final de todas las disputas existentes hasta esa fecha se alcanzó a través de un proceso de negociación entre las partes, que comenzó tan pronto como se formularon sus respectivos reclamos y posiciones en julio de 2017, y terminó en una mediación internacional en la ciudad de Nueva York, en de conformidad con las Reglas de Mediación de la CPI, que tuvieron lugar en varias sesiones celebradas entre los meses de enero y marzo de 2020. La mediación fue realizada por la reconocida mediadora internacional, señora Mercedes Tarrazón.
Fue ella (Tarrazón)quien guió a las partes –según un comunicado de entonces de la CDEEE- en extensas discusiones que analizaron sus diferentes posiciones, así como las ventajas y desventajas de llegar a un acuerdo a través de la mediación en lugar de someter la disputa a un largo y costoso proceso de arbitraje.
La mediación resultó, entre otras cosas, en un acuerdo completo y final sobre todas las disputas existentes hasta la fecha, incluidos los US$973.2 millones que el Consorcio reclamó como pagos adicionales contra el Gobierno dominicano, debido a trabajos adicionales y extensión de tiempo.
De los US$395.5 millones acordados para resolver dichas disputas, el Gobierno dominicano –según se informó- solo tendrá que desembolsar US$59.5 millones. Eso se debió a que el Fondo Contingente de US$336 millones, que se creó originalmente en junio de 2018 para garantizar la continuación de las obras (sujeto a la resolución de tales disputas), finalmente se acreditaría para el pago del monto total acordado de US$395.5 millones.
Jaime Aristy Escuder recordó que el pago de los US$59.5 millones se realizaría gradualmente y en la medida en que el consorcio completara, dentro de ciertos plazos, los trabajos restantes a los que se haya sometido dicho pago, incluida la finalización exitosa de las pruebas necesarias para que la Unidad 2 de CTPC entrara en operación final.
El exadministrador de Punta Catalina explicó que para recibir el pago de los US$59.5 millones el consorcio constructor debía cumplir una serie de hitos, que quedaron establecidos a partir del acuerdo de Nueva York (20 de enero de 2020), entre ellos hacer pruebas, arranques, sincronización, subir de cero a 200 megavatios en la generación de la termoeléctrica.
En un artículo publicado este viernes en el periódico Listín Diario, el ministro de Energía y Minas, Antonio hace una serie de señalamientos sobre Aristy Escuder, sobre el pasado vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, y sobre la propia CDEEEE.
Almonte cita, por ejemplo, lo que se denomina “Anexo T del contrato de EPC firmado entre la CDEEE y Odebrecht” para construir las plantas a carbón. Cuando se dice que la obra es EPC significa que es de ingeniería, gestión de compras o procura y construcción (“Engineering, Procurement and Construction, en inglés).
Señala El Caribe que Almonte explicó que “dicho anexo establece que por cada megavatio superior al valor neto garantizado en el contrato, la CDEEE deberá pagar un millón de dólares adicional como compensación a Odebrecht. Y agregó: “Lamentablemente para la CDEEE, el 10 de enero del 2020 según lo estipulado en un Acta Acuerdo de antología, Jaime Aristy y Rubén Bichara acordaron pagar a Odebrecht unos 11 millones de dólares adicionales, amparándose en el citado Anexo T”.
“Segundo punto… ahí él (el ministro de energía y Minas, Antonio Almonte) menciona el tema de las calderas y sigue insistiendo en que Punta Catalina no es de 376 megavatios, sino de 360 y pone en duda, incluso, la carta que envía el fabricante Babcock and Wilcox, porque la carta es un golpe de gracia que le da al señor Almonte, sostuvo Jaime Aristy.
En esa misiva que cita Aristy Escuder (enviada el 12 de febrero de 2021 a la CDEEE), la empresa Babcock & Wilcox (B&W), fabricante de la caldera, indica que las calderas, que fueron certificadas bajo el código ASME, tienen la capacidad de suministrar el vapor necesario para que la turbina y el generador, ambos fabricados por la empresa estadounidense General Electric (GE), produzcan a una capacidad bruta de 376 megavatios. “Con esa carta, Babcock & Wilcox me ha dado la razón en ese debate sobre el tamaño de las calderas”, dice el economista Jaime Aristy Escuder.
Y advirtió que Antonio Almonte tiene alto interés en “bajarle la capacidad a Punta Catalina”, para restarle valor y vender la planta a “precio de vaca muerta”. “Eso vuelvo a reiterarlo. Le quiere restar valor (hacer ver que cuesta menos) para venderla luego a precio de vaca muerta”, insistió.
Jaime Aristy ha calculado, y lo ha repetido varias veces, que valor de mercado actual de Punta Catalina como empresa se estima en el entorno de los 2,600 millones de dólares. La obra se compone de dos unidades; incluye un moderno puerto.
“A Punta Catalina ha llegado la política y ha despedido personal”, indicó.