De igual modo, ordenarle poner a disposición de la defensa, integrada por los abogados Jorge Prats, Julio Cury y Danay Mercado, todas las actuaciones procesales relativas al expediente.
Resaltan que los documentos son de capital interés para ejercer de manera efectiva el derecho de defensa que le asiste a la Cámara de Cuentas, como parte afectada con ocasión del allanamiento del que fue objeto su sede, y respecto del cual pretende deducir consecuencias.
La solicitud del órgano de control externo está contenida en una instancia dirigida a la jueza de la instrucción especial María Garabito Ramírez, quien el 18 de febrero emitió la resolución número 01-2021, que permitió al Ministerio Público practicar un allanamiento en la CCRD el día 22 del mismo mes y año.
Indican que la documentación le ha sido requerida al director de la Pepca en dos oportunidades, sin obtener ninguna respuesta.
“Ante la callada ofrecida por respuesta por el mencionado Camacho a la referida solicitud el 2 de marzo, mediante acto número 066-2021, del 9 día, para que en un plazo de un (1) día franco, contado a partir de esta fecha, entregue en manos de mis requirentes los documentos que le fueron requeridos en la solicitud elevada por mis propios requirentes, al amparo de los artículos 260 y 290 del Código Procesal Penal…”, dicen los juristas en la instancia enviada a la Suprema Corte.
Afirmaron que, para obtener la autorización judicial para el allanamiento, la Pepca, además de acusar a los miembros del Pleno de la CCRD de obstrucción de la justicia, “incluyó un falso, constitutivo por demás de ilícito penal”, consistente en atribuirle a Álvarez Pérez declarar, entre otras cosas, que en enero 2017- diciembre 2019, Tejada Díaz y Batista Santana habrían adulterado auditorías.
También que el presidente de la CCRD habría dicho que entre las auditorías adulteradas están las del ministerio de Educación y el informe de las obras construidas por Odebrecht en el país. Además, habrían sido falseadas las auditorías del Cabildo Santo Domingo Este, Lotería Nacional, Planta Punta Catalina, y de los ministerios Administrativo y de la Presidencia, entre otras.
Por esas y otras razones legales expuesta, solicitaron a la jueza de la alta corte ordenar a Camacho poner a disposición de la defensa todas las actuaciones procesales relativas al expediente de que se trata; declararlo en “falta a la lealtad procesal”, y consecuentemente, imponerle las sanciones previstas en el artículo 134 del Código Procesal Penal, consistente en el pago de una multa.
Asimismo, condenar al MP y a Camacho, a título personal, a pagar en provecho de la CCRD una astreinte de RD$50,000.00 por cada día de retraso en que incurra con motivo del eventual incumplimiento de la decisión a intervenir.
Señala CDN que la Pepca habría atribuido a Álvarez Pérez declarar que Tejada Díaz y Batista Santana habrían adulterado auditorías.