La complejidad del diálogo no se limita al pago de un ingreso mínimo para mantener el equilibrio económico de la obra de infraestructura, tiene que ver sobre todo con los términos en que fue acordado ese compromiso.
El Estado dominicano está en la obligación de desembolsar de manera “irrevocable e incondicional”, según consta en el modelo financiero de la concesión vial, un ingreso mínimo durante los 30 años de operación del proyecto.
Prevé incluso que sobrevivirá en caso de terminación anticipada del contrato, hasta el pago completo y final de la compensación que deberá recibir la empresa concesionaria, si el acuerdo legal llegara a romperse.
El Ingreso Mínimo Garantizado o “Peaje Sombra” se paga en dólares y su objetivo es cubrir a la empresa concesionaria de cualquier déficit de tráfico vehicular con relación al necesario a fin de que obtenga la tasa interna de retorno que persigue con su inversión.
Para su cálculo y actualización se toma en cuenta: la tasa de cambio de venta del dólar en el Banco Central; el valor en pesos dominicanos de los peajes de la concesión y el índice de precios del consumidor en los Estados Unidos y en la República Dominicana, entre otras variables.
Señala El Caribe que el contrato de construcción de las autopistas establece que la empresa encargada de su construcción y administración, la llamada Autopista del Nordeste, S.A., financiaría de forma directa el 80 % del costo total de la obra, a cambio de que pudiera recaudar el 100 % de los peajes en ambos trayectos por 30 años ininterrumpidos.
A más de una década de la entrada en funcionamiento de la carretera Juan Pablo II y el Boulevard Turístico del Atlántico, el Estado dominicano ha pagado RD$26,835 millones al consorcio Autopistas del Nordeste S.A.
“Solo este año 2021 exigen el pago de RD$7,000 millones por ese concepto”, afirmó el presidente Luis Abinader Corona, al pronunciar su primer discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional el pasado 27 de febrero.
Precisó que esto representa casi el doble del costo original de la vía, lo que desde su punto de vista “es sencillamente inaceptable”.
Esta semana, a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el mandatario dio el primer paso para buscar una salida legal al problema.
Se contrató a Enmanuel Esquea Guerrero como abogado independiente para analizar el Contrato de Concesión Administrativa en Régimen de Peaje de la Carretera Santo Domingo – Cruce Rincón de Molinillos y dar una opinión consultiva.