Los infractores fueron presentados ante las autoridades correspondientes para que les sean conocidas medidas de coerción por violación a la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente.
La intervención fue desarrollada por el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y otras fuerzas militares, quienes lograron decomisar 28 vehículos, entre ellos volteos, camiones y camionetas, así como otros equipos utilizados para la extracción irregular.
También fueron detenidas un total de 33 personas algunos por rebelión contra los efectivos actuantes y otros por estar directamente vinculados a las extracciones.
La acción fue dispuesta por el ministro, Orlando Jorge Mera para dar cumplimiento a la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como proteger el recurso agua que es uno de los ejes estratégicos de la gestión y del gobierno.
“Nuestros ríos son patrimonio de cada dominicano y como administradores temporales de la Ley 64-00 continuaremos sancionando a todo el que cometa ilícitos contra estas fuentes de vida productoras de agua para las presentes y futuras generaciones”, reiteró el ministro en momentos que es celebrada la Semana del Agua en el país.
La operación también se enmarca en el cumplimiento de las Resoluciones 0009/2021 y 00010/2021 firmadas recientemente por Jorge Mera para aumentar el control, regulación y supervisión sobre las actividades mineras no metálicas como las granceras, canteras, así como la priorización del manejo de las cuencas hidrográficas.
El operativo que culminó la mañana de este lunes, fue respaldado por agentes de la Armada de la República, el Ejército y la Fuerza Aérea Dominicana, así como la presencia de personal de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, quienes garantizaron el debido proceso.
Los militares actuantes fueron apostados en 30 puntos de San Cristóbal, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y la provincia Duarte que se identificaron como críticos durante las labores de inteligencia por ser los de mayores extracciones.
Entre esos lugares están Yaguate, Pizarrete, Semana Santa, Las Barias, Nizao Abajo, Puente Nigua, Mina Florentino, Pomier, Ranchito, La Piedra de San Francisco, Bayacanes, río Verde, río Licey, río Juma, Rancho Nuevo, El Palo de la Garza, entre otros.
Estas medidas, han sido adoptadas ante las irregularidades cometidas por desaprensivos para extraer agregados de los ríos Nizao, Nigüa, Camú y Yuna, ocasionando grandes daños a sus cauces, deforestando sus bosques ribereños, disminuyendo sus caudales y los servicios ecosistémicos que generan.