Durante la ponderación de esta resolución, Catrain estimó de “abusivo” que en plena pandemia, el Estado tenga que desprenderse, tal como establece el contrato, de siete mil millones de pesos.
En el quinto considerando de esta resolución, que fue enviada por el Senado a comisión, señala que según el citado estudio el tráfico promedio diario fue estimado en 24,881 vehículos para el año 2016 cuando en la realidad ese año circularon por la carreta Santo Domingo-Samaná solo 10,284 vehículos, lo que significa una sobrestimación de 142% que el Estado dominicano está obligado a cubrir.
Este contrato dispone que, si el valor correspondiente a los ingresos por concepto de peaje durante la operación fuera inferior al ingreso garantizado, el Estado dominicano compensará la diferencia al concesionario.
Esta cláusula abrió las puertas al denominado “peaje sombra” bajo el supuesto de garantizar el “equilibrio económico” del proyecto, aprobada, según las actas firmadas en agosto de 2005 y enero de 2006, por el exsecretario de Obras Públicas, Manuel de Jesús (Freddy) Pérez, durante el mandato de Leonel Fernández.
El Senado de la República envió a la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos, con un plazo de una semana, este proyecto de resolución, que establece que el denominado “peaje sombra” fue aprobado en base a la “Certificación del Modelo de Demanda o Tráfico” expedida en 2005 por la misma concesionaria y aceptada conforme por el gobierno dominicano obviando la Constitución y las leyes.
En el considerando décimo cuarto establece que en el acta de acuerdo no. 8 del contrato de concesión, el estudio fue presentado por Autopista del Nordeste S.A. “con el objeto de minimizar el riesgo de la incertidumbre en las proyecciones del ingreso de tráfico del proyecto”, lo que implicó que todos los riesgos fueran asumidos por el Estado dominicano.
“El estudio de tráfico” pronosticó que el Estado dominicano sólo pagaría peaje sombra por siete años, desde su inauguración en 2008 hasta el 2015, ya que pasado este tiempo el flujo de vehículos sería idóneo”.
Que, sin embargo, pasados 13 años desde su puesta en operación el monto pagado por el Estado dominicano a la concesionaria por concepto de “peaje sombra” sigue aumentando, habiendo pagado más de RD$3,000 millones en 2020 y teniendo que pagar más de 7,000 millones este año.
Señala El Nuevo Diario que el informe “Autopsia Fiscal: Evaluación de los gastos e ingresos del Gobierno dominicano para la garantía de derechos”, elaborado por el Oxfam República Dominicana en 2019, dice que en los primeros ocho años de funcionamiento de las autopistas el capital privado ha recibido ingresos que duplican su inversión.