El Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual de Estados Unidos de América (IPR) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, (Upsto) compartieron sus experiencias y buenas prácticas en el diálogo desarrollado de manera virtual.
En la reunión, efectuada bajo la dirección de la magistrada Army Ferreira, procuradora adjunta y coordinadora de la UPI, se destacó la importancia de establecer lazos interinstitucionales e internacionales, el intercambio de buenas prácticas, así como también la colaboración técnica y alianza estratégica para el fortalecimiento de las medidas de protección de la propiedad intelectual.
“Sabemos que este es el paso inicial de un gran plan nacional que va a marcar el punto de partida del cambio que necesitamos para mejorar esos controles y sobre todo el tema de persecución a los crímenes y delitos contra la propiedad intelectual en la República Dominicana”, expresó sobre esta primera reunión la magistrada Ferreira.
La procuradora adjunta agradeció la disposición de la embajada de los Estados Unidos en el país, por interesarse en contribuir a un cambio de rumbo de la protección de la propiedad intelectual en suelo dominicano.
El agente especial de la Unidad del Centro de Coordinación de Propiedad Intelectual, Thomas Sofia, impartió una orientación sobre la forma en la que trabajan en conjunto las instituciones gubernamentales y privadas y la importancia de las relaciones internacionales para evitar los delitos que afectan a la propiedad intelectual.
“El gobierno y las organizaciones privadas deben realizar acuerdos para el intercambio de información sobre los métodos para violar la protección de la propiedad intelectual. Evitar el blanqueo de dinero en las importaciones es algo que se puede detectar al ver o tener acceso a ambos lados de la transacción, un elemento que se puede realizar de forma más efectiva al trabajar en colaboración transfronteriza” explicó Sofia.
El agente señaló que este tipo de colaboración brinda protección de los acuerdos internacionales, asegura el cumplimiento de la ley por parte de la industria y favorece al consumidor.
Sofia explicó que la propagación de la violación de los derechos de la propiedad intelectual alienta al crimen organizado y al terrorismo, por lo que se debe trabajar en identificar los productos falsificados y a quienes se benefician de estos delitos, mediante los cuales se pueden generar millones de dólares.
El especialista en seguridad especifica que la prevención de estos ilícitos protege la economía del país al prevenir que las industrias sean afectadas por el tráfico de mercancías y en consecuencia evitar la evasión de impuestos.
En este encuentro participaron Om Kakani, asesor internacional de Piratería Informática y Propiedad Intelectual para América Latina y el Caribe, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos; Alex Tito, jefe de misión adjunto en funciones de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo; Cynthia Henderson, consejera de Propiedad Intelectual de USPTO, de la Embajada de los Estados Unidos en México; Steve Francis, director nacional de IPR Center y Alison Pondo del Centro Nacional de Coordinación IPR, a quienes la magistrada Ferreira agradeció su colaboración.
Entre las instituciones nacionales que hicieron presencia en esta primera reunión estuvo la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), la Dirección General de Aduanas (DGA), el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Instituto Nacional de las Telecomunicaciones (Indotel).