El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, a través de sus secretarias, procedió con la lectura de los documentos de la prueba número 1 que están traducidos al idioma español; específicamente, los anexos 1.3 y 1.4.
En ese sentido, la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), fiscal Mirna Ortiz, detalló que están incorporando los datos de corroboración de las delaciones de los empleados de Odebrecht que fueron los que prestaron declaración.
Explicó que los datos de corroboración van a permitir entender las declaraciones de ellos. ¿Por qué ellos confiaron en Ángel Rondón para hacer negocios en República Dominicana? Porque Ángel Rondón les demostró a ellos a través de los recortes de periódicos y de la publicidad (evidencias que fueron presentadas en la sesión de este jueves), que era una persona que tenía conexiones con los sectores de Gobierno.
“Eso es lo que está incorporando el Ministerio Público, los datos de corroboración de las delaciones”, resaltó Ortiz al hablar con los periodistas a la salida del tribunal tras concluir la audiencia.
“Según vaya avanzando el desarrollo de este proceso, ustedes van a poder ver la relación que guarda esta evidencia cuando leamos entonces las delaciones, que es lo próximo que se pretende incorporar luego que terminemos de la incorporación de la prueba 1, que son los datos de corroboración”, dijo a la prensa.
Precisó que no iniciaron con la lectura de las delaciones porque el tribunal estableció un orden, con el que el Ministerio Público no está de acuerdo, entendiendo que las traducciones de las delaciones se encuentran en la prueba número 2.
Recordó que el Ministerio Público planteó un recurso en ese sentido. “Sin embargo, para acatar la decisión del tribunal, pues nos hemos acogido a que se incorpore la número 1 y posteriormente incorporaremos, entonces, las delaciones que están como número 2 en el tribunal”.
“Tenemos una prueba ofertada, una prueba que fue comunicada a las partes de manera oportuna, pero que, sin embargo, el tribunal entiende que debe entrar en un orden distinto al planteado; eso es lo que sucedió en el día de hoy; seguiremos incorporando nuestras pruebas”, argumentó.
Recordó que como explicaba el pasado martes el procurador adjunto y titular de la Pepca, Wilson Camacho, por decisión del tribunal, solo quedaron fuera dos documentos que consisten en el acuerdo de Estados Unidos con Odebrecht y el acuerdo Brasil con Odebrecht, decisión con la que dijo el Ministerio Público no está de acuerdo porque en todo momento han demostrado que aportaron la traducción de esos documentos y que lo que se ha visto es un manejo incorrecto de lo que el Ministerio Público depositó.
Dijo que el tribunal ha dislocado esas traducciones. No obstante, sostuvo que, siendo una decisión irrevocable, pues el Ministerio Público la acata.
Insistió en que seguirán con la incorporación de las pruebas “porque esta exclusión en nada debilita la pretensión probatoria del Ministerio Público, y cuando incorporemos las delaciones, ustedes se darán cuenta de lo que estamos hablando”.
El tribunal, integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, continuará conociendo las pruebas del Ministerio Público el próximo lunes 29 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana.
Los fiscales del caso iniciaron la mañana del lunes 22 de marzo con la presentación de más de 700 pruebas documentales pendientes de incorporación en el juicio que se sigue en contra de seis imputados de recibir y distribuir los sobornos, para iniciar este jueves con la lectura de los documentos. El tribunal dispuso que se leyera la parte de las delaciones de Marcelo Odebrecht y Marcos Vasconcelos Cruz que se encuentran traducidas del portugués al español.
Las evidencias se presentan en contra de Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), y Víctor Díaz Rúa, también exdirector de Inapa y exministro de Obras Públicas.
Además, contra Ángel Rondón Rijo, quien fungió como representante de Odebrecht en sus negocios con el Estado dominicano, y por igual contra Porfirio Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador de la provincia San Cristóbal, y el abogado Conrado Pittaluga Arzeno.
El Ministerio Público le atribuye incurrir en los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.