Explicó que se trata de un problema grave que amerita atención especial, ya que ese importante segmento de la población dominicana por la falta de estos documentos se convierte en “invisible” y por lo tanto no existe a los ojos de la ley.
“Por esta razón, estas personas no pueden ejercer ninguno de sus derechos civiles”, indicó.
Dijo que es muy lamentable que actualmente 150 mil dominicanos y dominicanas no tienen su acta de nacimiento y más de 200 mil no tienen cédula.
El líder reformista manifestó que datos revelados recientemente por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), reflejan la necesidad de desarrollar acciones más intensas “para garantizar que ningún dominicano se quede sin acta de nacimiento o cédula de identidad personal”.
Dijo que según datos del SIUBEN, el 4.9% de la población de 18 años y más no posee la Cédula de Identidad, mientras que casi un 7% de la población menor de 18 años registrada en su base de datos, no ha sido declarada, es decir, no tiene acta de nacimiento, “lo que significa que son legalmente invisibles, y esto constituye una flagrante negación de derechos, como son educación, trabajo formar, derecho al sufragio y otros tantos”.
En ese sentido, instó al gobierno del presidente Luis Abinader a redoblar los esfuerzos para asegurarle a la población dominicana el derecho a una identidad oficial “para terminar de cerrar esa brecha que genera inequidad social y dificulta el acceso a los servicios sociales de los grupos más vulnerables”.
“De los 300 mil dominicanos y dominicanas que no están registrados, el 52.3% son varones y el 47.7% mujeres”, agregó.
El presidente del PRSC siguió diciendo que es preocupante que de esa población un 6% no llega a los 15 años de edad, lo que dijo contribuye a reproducir la espiral de pobreza y de negación de derechos.
Quique Antún recomendó al gobierno desarrollar acciones focalizadas de registro de nacimiento en aquellos territorios de mayor impacto del fenómeno, como la frontera y la región Este, a los fines de disminuir el volumen de población sin la realización de su derecho a un nombre y una identidad, tal como lo establecen protocolos internacionales de los cuales es signatario el Estado dominicano.
“Desde luego, es necesario considerar el mantener los estrictos controles legales establecidos en la Constitución dominicana y en las leyes en la materia, para asegurar el no dotar de la documentación oficial a población extranjera irregular que pudiera colarse como dominicana”, dijo finalmente.