El vocero del bloque peledeísta, diputado Gustavo Sánchez, calificó como “una humillación” que miles de exempleados aún no hayan recibido los recursos correspondientes a sus prestaciones laborales.
“Advertimos que nos declaramos en rebeldía si los funcionarios del Gobierno continúan con la práctica ilegal de no pagar en el plazo correspondiente las prestaciones laborales de los servidores públicos cancelados”, sostuvo el vocero peledeísta.
En ese sentido, el bloque deploró que algunos de los exempleados hayan recurrido a la desnudez para llamar la atención de las autoridades y obtener el pago de sus recursos, acción que los legisladores defienden porque, con esto, hacen velar sus derechos.
Para los congresistas opositores, es una “táctica dilatoria” la que utilizan los funcionarios públicos con los pasados servidores basados en el cálculo de prestaciones y el llenado de documentos para supuestamente derogar los fondos con sustento administrativo.
Señala El Nuevo Diario que Sánchez, al motivar su rebeldía política, refirió que instituciones como el Ministerio de Salud Pública, Obras Públicas, Contraloría General de la República, CAASD, Comedores Económicos, Plan Social de la Presidencia, entre otras dependencias que, según los diputados, han incumplido con el pago de las debidas prestaciones.
Aunque los diputados afianzaron su establecimiento de rebeldía en el Congreso, no revelaron las acciones de tranque que llevarán a cabo a partir de ahora para obstaculizar algunos procesos en la Cámara Baja. Sánchez sólo se limitó a decir que “muy pronto todos verán” las acciones opositoras que tomarán los congresistas.
En cuanto al aspecto jurídico, Sánchez explicó que la acción de no pagar las prestaciones “viola la ley de Función Pública” y tratados jurídicos y ratificados que protegen los derechos de los empleados en caso de efectuarse una liquidación laboral.
“Esos exempleados están siendo tratados como lo peor. Como si haber trabajado en el Estado fuera lo peor del mundo”, concluyó Sánchez explicando que a partir de esta declaratoria sólo aprobarán los proyectos que vayan en beneficio del pueblo dominicano.