La fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se mostró confiada en que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que conoce el expediente, introducirá las evidencias en el proceso.
“Las delaciones del Ministerio Público, que estamos totalmente seguros de que se van a introducir en el proceso, fueron realizadas mediante el procedimiento de cooperación internacional establecido tanto en el Código Procesal Penal como en los tratados internacionales de los cuales la República Dominicana es signataria, por tanto tienen toda la legalidad que puede tener cualquier elemento probatorio en un sistema procesal como el nuestro”, aseguró a periodistas que le cuestionaron sobre el tema a la salida de la sala de audiencias.
Ortiz explicó que todas las delaciones están traducidas al español. “Todas las delaciones están traducidas; incluso, en el escaneo que realizó el tribunal de todas las pruebas, están tanto los originales en portugués como las traducciones (en español)”, dijo.
Además, aclaró que “en este momento no se está discutiendo, ni siquiera ha sido parte de las objeciones de los abogados, el hecho de que no estén en español, porque es conocido por todos ellos y por el tribunal que las delaciones están todas traducidas al español”.
La fiscal coordinadora de Litigación de la Pepca destacó que en esta parte del proceso están en el conocimiento de las objeciones por parte de la defensa técnica de los encartados a la incorporación de las delaciones, que es lo que el Ministerio Público ha ofrecido en este momento.
Al inicio de la jornada de este martes, pasadas las 9:00 de la mañana, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitaron al tribunal la incorporación por lectura de la prueba del denominado empleado número 1 de Odebrecht, correspondiente a las declaraciones del exejecutivo de la empresa Marcelo Odebrecht.
Además de las delaciones de Marcelo Odebrecht, en el bloque número dos de evidencias se encuentran las del empleado número 27, Ernesto Saviera; el 36, Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva; el 48, Luiz Eduardo Da Rocha Soares; el 50, Luis Antonio Mameri, y el 54, Marco Antonio Vasconcelos Cruz.
Con las evidencias, el órgano de justicia busca demostrar la participación específica de cada uno de los imputados en el esquema de pagos de sobornos en República Dominicana, en el proceso que se sigue en contra del empresario Ángel Rondón Rijo, quien fungió como representante de la firma brasileña en sus negocios con el Estado dominicano.
También, contra los coimputados Porfirio Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador de la provincia San Cristóbal; el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, así como de Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas, y Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.
El Ministerio Público les atribuye recibir y distribuir sobornos de los US$92 millones que pagó la Constructora Norberto Odebrecht para lograr la adjudicación de contratos para la construcción y reconstrucción de obras gubernamentales.
Luego de la petición formulada por el órgano acusador al tribunal para la incorporación por lectura de la prueba del denominado empleado número 1, los abogados de la defensa de los imputados presentaron objeciones a las delaciones premiadas que serían presentadas y pidieron su exclusión.
La defensa técnica de los imputados argumenta que los documentos no contienen fechas ni firmas y que no están notarizados, autenticados ni apostillados.
La fiscal Mirna Ortiz dijo que el hecho de que el tribunal haya decidido que las partes presenten todas las objeciones juntas a ese bloque de pruebas no les afecta en nada. “No es que se va a conocer todas las delaciones juntas, es que ellos deben materializar la objeción que tengan hacia la incorporación de esas pruebas en un solo momento, porque al tratarse de objeciones comunes, se resuelven en una sola decisión y podemos avanzar en el proceso”, apuntó.
Declaró que eso no genera ningún inconveniente a los fines del proceso de incorporación de pruebas que está realizando el Ministerio Público.
Ante preguntas de la prensa en relación con las pruebas que los imputados dijeron que presentarían en el tribunal la próxima semana, especificó que ellos no pueden presentar ninguna prueba que no hayan aportado en la audiencia preliminar. “No imagino qué clase de documento pueden traer ya en el juicio y en esta etapa en la que va el proceso para pretender incorporar nada, porque legalmente no es posible”, subrayó.
El equipo litigante del Ministerio Público en el juicio, que encabeza el procurador adjunto y titular de la Pepca, Wilson Camacho, procura demostrar con las pruebas la acusación de soborno, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos presentada contra los imputados.
Las magistradas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, ordenaron la continuación del juicio el próximo lunes 12 de abril.