QUE POLITICA, SANTO DOMINGO.- La procuradora general Miriam Germán Brito garantizó al presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, que el Ministerio Público trabajará para mantener cero tolerancia ante los delitos y las infracciones relacionadas con el Registro Civil.
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“Desde la Procuraduría General de la República garantizamos que el Ministerio Público hará todos los esfuerzos necesarios para procesar los casos punibles relacionados con el Registro Civil”, expuso Germán Brito, al recibir en su despacho a Jáquez Liranzo.
Jáquez Liranzo se hizo acompañar de Patricia Lorenzo Paniagua. En la reunión estuvo presente el especialista en derecho constitucional Félix Tena de Sosa, director técnico del Despacho de la Procuradora General de la República.
Germán Brito y Jáquez Liranzo se comprometieron a buscar mecanismos de coordinación con el Ministerio de la Mujer para que la Junta Central Electoral también se integre a las acciones enfocadas en la lucha contra la violencia de género.
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La magistrada se comprometió, además, a evaluar el planteamiento de los integrantes de la JCE para que se busque una vía de eliminar el cobro de las legalizaciones de firmas notariales para las declaraciones tardías en los casos de usuarios de escasos recursos.
“Desde la Procuraduría General de la República garantizamos que el Ministerio Público hará todos los esfuerzos necesarios para procesar los casos punibles relacionados con el Registro Civil”, expuso Germán Brito, al recibir en su despacho a Jáquez Liranzo.
Jáquez Liranzo se hizo acompañar de Patricia Lorenzo Paniagua. En la reunión estuvo presente el especialista en derecho constitucional Félix Tena de Sosa, director técnico del Despacho de la Procuradora General de la República.
Germán Brito y Jáquez Liranzo se comprometieron a buscar mecanismos de coordinación con el Ministerio de la Mujer para que la Junta Central Electoral también se integre a las acciones enfocadas en la lucha contra la violencia de género.
La magistrada se comprometió, además, a evaluar el planteamiento de los integrantes de la JCE para que se busque una vía de eliminar el cobro de las legalizaciones de firmas notariales para las declaraciones tardías en los casos de usuarios de escasos recursos.