La pieza fue entregada al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, por el director general y la subdirectora de la DGCP, Carlos Pimentel y Ruth Henríquez, respectivamente, después de agotar un amplio cronograma de socialización y consultas, durante los últimos seis meses, con los distintos actores que conforman el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).
La socialización incluyó la realización de un ciclo de webinarios y reuniones virtuales, así como encuentros presenciales con representantes de instituciones de apoyo a sectores productivos, cabildos, entidades asociativas municipales, asociaciones del sector mipymes, unidades de compras, asociaciones empresariales, representantes de la sociedad civil, entidades de apoyo a las mujeres, actores vinculados a temas de compras sostenibles, farmacéuticas, entre otras.
El borrador de ley que, también fue remitido de manera formal a las entidades públicas, organizaciones no gubernamentales, y conocido por organismos de cooperación internacional, fue puesto a disposición de la ciudadanía a través de una plataforma digital, en la que se recibieron decenas de comentarios y recomendaciones que sirvieron de base para aplicar mejoras correspondientes.
Entre las novedades que incluye la pieza que deberá ser enviada al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, figuran los convenios marco, que son los acuerdos resultantes del procedimiento de selección de proveedores, gestionado y ejecutado por la DGCP, para la adquisición de bienes y servicios comunes y estandarizados de uso frecuente por las instituciones públicas, en los cuales se establecerán precios y condiciones de entrega durante un tiempo definido.
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En lo referente a las mipymes, el documento propone, incrementar de un 20 a un 30 por ciento el porcentaje del presupuesto reservado a contrataciones dirigidas a este sector empresarial y dentro de este, de un 5 a un 10 por ciento para las mipymes mujeres.
De los procedimientos de selección previstos en la Ley 340-06 quedarán vigentes la licitación pública, el sorteo de obras y la subasta inversa; se eliminan la licitación restringida y la comparación de precios y se agregan la licitación pública abreviada, la contratación simplificada, la contratación menor y la contratación directa sujeta al umbral.
Asimismo, en el marco de programas para el alivio de la pobreza, se establece que las instituciones contratantes a cargo dichos programas deberán agotar procedimientos de contratación destinados a adquirir productos nacionales, provenientes directamente de productores agrícolas, agroindustriales y manufactureros localizados en territorio dominicano, de origen nacional y sin intermediación.
Además, se incorpora un capítulo de cumplimiento regulatorio en las contrataciones públicas para monitorear los procedimientos de contratación, que abarca la gestión de riesgos; la debida diligencia pública, canales de denuncias; código de conducta; auditorías internas y certificaciones de las unidades de contratación pública.
Igualmente, se establece por ley la obligatoriedad del uso del Portal Transaccional para la gestión de la contratación en línea y la promoción de la profesionalización del personal vinculado a las contrataciones gubernamentales.
Asimismo, se plantea crear metodologías de evaluación de las ofertas en los procesos, con lo cual se reducen los márgenes de discrecionalidad de la administración pública. También establece las pautas para la elaboración de los documentos de la contratación.