En un comunicado emitido hoy por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), manifiesta su preocupación por la crisis que desborda el marco constitucional, desatada tras el magnicidio del Presidente Jovenel Moïse; y expresa su simpatía “con las voces que desde Haití llaman a un gran diálogo nacional que brinde respuesta a esta profunda crisis política y espiral de violencia por la que atraviesa”.
Además, reafirmó su convicción de que no existe “una solución dominicana a la situación haitiana”, así como su apego “al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados y el respeto a la Carta Democrática Interamericana, especialmente en lo relativo a la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio futuro”.
Dice que “este es un momento trascendental para la nación haitiana”, ya que “la solución que el liderazgo político, social y empresarial haitiano logre ofrecer a su pueblo en esta coyuntura, determinará si el país dará un paso de avance hacia un desarrollo estable y democrático”.
El comunicado recoge que, tal y como fue señalado en una declaración del MIREX, el 25 de marzo pasado, un cambio de gobierno democrático que garantice la estabilidad política en Haití, requiere un proceso electoral justo, libre, transparente y competitivo. Afirma que como lo demuestra la historia de América Latina y el Caribe, esto solo será posible a partir de un diálogo político amplio, inclusivo, sostenido y de buena fe, que permita a los distintos actores lograr un pacto de gobernabilidad que restaure la legitimidad democrática y la institucionalidad en Haití.
Además, declara una vez más el compromiso gubernamental de promover una política de buena vecindad y cooperación mutua con Haití, bajo el entendido de que la paz y la estabilidad dependen de la democracia, de un sólido desarrollo humano y de la firme protección de los derechos fundamentales en todo el territorio de la Isla.
COMUNICADO DEL GOBIERNO DOMINICANO SOBRE LA SITUACIÓN EN HAITÍ
El Gobierno dominicano expresa su preocupación por la crisis que desborda el marco constitucional, desatada tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Simpatizamos con las voces que desde Haití llaman a un gran diálogo nacional que brinde respuesta a esta profunda crisis política y espiral de violencia por la que atraviesa.
Este es un momento trascendental para la nación haitiana. La solución que el liderazgo político, social y empresarial haitiano logre ofrecer a su pueblo en esta coyuntura determinará si el país dará un paso de avance hacia un desarrollo estable y democrático. Confiamos en que ante esta situación primarán intereses de la nación haitiana por encima de los particulares. Este momento ofrece una oportunidad para hacer una realidad el lema nacional haitiano de l’union fait la force.
Como señalamos en nuestra declaración del 25 de marzo pasado, un cambio de gobierno democrático, que garantice la estabilidad política en Haití, requiere un proceso electoral justo, libre, transparente y competitivo. Como lo demuestra la historia de América Latina y el Caribe, esto solo será posible a partir de un diálogo político amplio, inclusivo, sostenido y de buena fe, que permita a los distintos actores lograr un pacto de gobernabilidad que restaure la legitimidad democrática y la institucionalidad en Haití.
Reiteramos el llamado a la comunidad internacional para que contribuya en todo cuanto sea posible a la creación de un ambiente favorable para este imperioso diálogo. Asimismo, manifestamos que no hay solución dominicana a la situación haitiana.
El gobierno dominicano declara una vez más su compromiso de promover una política de buena vecindad y cooperación mutua con Haití, bajo el entendido de que la paz y la estabilidad dependen de la democracia, de un sólido desarrollo humano y de la firme protección de los derechos fundamentales en todo el territorio de la Isla.
Reafirmamos nuestro apego al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados y el respeto a la Carta Democrática Interamericana, especialmente en lo relativo a la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio futuro.