Nosotros esperamos el viernes, que la decisión sea el mantenimiento de cada una de las medidas de coerción”, explicó el titular de la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).Pablo Imbert, juez suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción, se reservó para el próximo viernes el fallo de la solicitud de variación a la medida de coerción a varios de los implicados en el Caso Pulpo.
Imbert, quien conoció este martes los alegatos de la defensa y los planteamientos del Ministerio Público, fijó para el viernes 10, a las 2:00 de la tarde, el conocimiento del fallo respecto a revisión de la medida de coerción de los implicados en este entramado de corrupción.
La revisión fue aplazada el pasado 18 de junio, cuando la defensa del imputado Fernando Rosa recusó a Imbert, luego de que rechazara varios petitorios.
Además de Rosa, el juez conoció las solicitudes de variación a las medidas de coerción presentadas por Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de Fiscalización de Obras de la Oisoe; Wacal Vernavel Méndez Pineda, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona, quienes cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Igualmente, de Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y del expresidente Danilo Medina Sánchez, y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, quienes cumplen arresto domiciliario.
No estuvieron en esta audiencia Juan Alexis Medina Sánchez, quien cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres; el excontralor general de la República, Rafael Antonio Germosén, quien cumple arresto domiciliario, y Domingo Antonio Santiago, quien está sometido a presentación periódica.
De acuerdo con la acusación, con la Operación Anti Pulpo, el Ministerio Público desarticuló la red de corrupción sustentada en un entramado de compañías de carpeta controladas por Juan Alexis Medina Sánchez, quien aprovechó su condición de hermano del entonces presidente Danilo Medina (2012-2020) para establecer negocios con el Estado.
A los coimputados Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, entre otros delitos, se les atribuye incurrir en coalición de funcionarios desde sus pasadas funciones de director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oisoe. Además, Julián Estaban Suriel Suazo es acusado de prestar su nombre para servir de testaferro al principal acusado Juan Alexis Medina Sánchez.
El Ministerio Público acusa a Fernando A. Rosa Rosa de sobrevaluación en las obras realizadas durante su gestión al frente del Fonper. Las investigaciones han permitido establecer que Carmen Magalys Medina Sánchez, en su condición de vicepresidenta administrativa del Fonper, maniobró para que su hermano Juan Alexis Medina Sánchez fuera beneficiado con la asignación de contratos para suplir bienes al Estado.
Wacal Vernabel Méndez Pineda fungía como el tesorero de todas las empresas que forman parte del referido entramado societario de Juan Alexis Medina Sánchez. Se le atribuye enriquecimiento ilícito, así como incurrir en lavado de activos producto de sus vínculos con dicho entramado de corrupción.
En la gestión de Freddy Hidalgo, de acuerdo al expediente del caso, se malversaron al menos RD$236.9 millones en favor del entramado delictivo.
José Dolores Santana Carmona también es acusado de ser testaferro, al igual que el encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz, a quien se le atribuye camuflar múltiples propiedades, empresas y transacciones millonarias de Juan Alexis Medina Sánchez.