Mediante una instancia depositada ante el CPJ, los abogados Francisco Álvarez, Cristian Martínez y Romer Jiménez acusaron a la magistrada Romero de hacer causa común con las presuntas violaciones de los derechos fundamentales “de las que ha sido víctima Cáceres desde que fue detenido”.
“Solicitamos que de conformidad con la ley que rige la materia y los reglamentos que la complementan, se proceda a llevar a cabo un juicio disciplinario contra la jueza Kenya Romero, por violación al artículo 66 de la Ley núm. 327-98 de Carrera Judicial, 69 de la Constitución de la República Dominicana y 83 del Código Penal Dominicano”, expresaron los abogados Adán Cáceres tras interponer la denuncia.
Mencionaron que la primera de las violaciones por parte de la magistrada consistió “en hacer una serie de afirmaciones y juicios de valor que revelan una animadversión y prejuzgamiento en su contra, lo cual explica las decisiones posteriores tomadas por la jueza Romero contra el imputado”, a quien envió a prisión preventiva.
La defensa de Cáceres consideró que la magistrada juzgó de manera anticipada al encartado, cuando en la autorización de emisión de reportes e informes de productos financieros dada en fecha 4 de febrero del 2021, se permitió afirmar que el mayor general Adán Cáceres Silvestre “oculta bienes productos del enriquecimiento injustificado e ilícito”.
Lo que ha manifestado la jueza
En una entrevista concedida a Diario Libre, la magistrada Kenya Romero había dicho que cuando le toca conocer un caso se basa puramente en el derecho, sin importar al imputado.
Esta jueza también había sido recusada en el conocimiento del Caso Coral, sin embargo, esto no prosperó. La Corte de Apelación rechazó la recusación por no encontrar comprometida su imparcialidad.
La acusación
Dice el Ministerio Público que mientras el mayor general Adán Cáceres dirigió el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) instaló un entramado corrupto mediante el cual sustraía fondos a través de las nóminas oficiales. Esto se extendió a entidades como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), y altos mandos de la Policía Nacional.
Según el expediente, por medio de la pastora Rossy Maybelline Guzmán, utilizaban las actividades religiosas para desarrollar mecanismos para lavar fondos ilícitos que afectaron al Estado y los fondos de los contribuyentes. Las investigaciones del caso están en desarrollo por parte de la Pepca, indica Diario Libre.
Además de Adán Cáceres y la pastora Rossy, están imputados en este caso el expediente de la Operación Coral el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora.
También el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.