Pero partiendo de esas dos premisas es que actores políticos, sociales y las mismas iglesias han atacado otros puntos durante el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Uno de los puntos que más críticas ha recibido por el momento, hasta por los mismos legisladores, han sido las prórrogas solicitadas por Luis Abinader para extender el estado de emergencia en el país, que hasta la fecha suman siete las que se han aprobado en el Congreso Nacional.
Las quejas de los legisladores se realizan cada vez que están ante la aprobación de un estado de emergencia, y esta vez, senadores y diputados consideraron deberían analizar si aprueban una nueva prórroga en momentos en el que el país se embarca a la apertura realizada por el Poder Ejecutivo.
El horario del toque de queda ha sido modificado en varias ocasiones y ya en dos provincias fue eliminado por la gran cantidad de vacunados contra el coronavirus. Abinader en días recientes afirmó que no descarta realizar una nueva petición de prórroga ante el Poder Legislativo.
Otro de los puntos que han sido atacados por diversos sectores ha sido la creciente cantidad de préstamos que han sido tomados por el gobierno que encabeza el PRM.
Uno de los mayores críticos a este accionar han sido los miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes en reiteradas ocasiones han señalado que el gobierno ha tomado miles de millones de dólares en préstamos y que hasta el momento “no han demostrado en que se han invertido”.
Los voceros del PLD en el Senado y la Cámara de Diputados Yván Lorenzo y Gustavo Sánchez, respectivamente, han señalado que el gobierno del PRM ha sido uno de los que menor inversión pública ha tenido en su primer año.
A los préstamos también se suman el alza de los precios de la canasta familiar, la peste porcina africana y el aumento excesivo del precio del pollo en la República Dominicana que recientemente alcanzó los RD$95.
El pago de las prestaciones laborales a los trabajadores públicos se ha vuelto otro de los señalamientos negativos que se le ha realizado a la gestión del presidente al punto de que senadores del PLD y la Fuerza del Pueblo hayan “tumbado” una sesión en junio pasado debido a que no fue aprobado un proyecto de resolución para interpelar al ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, por no realizar dichos pagos a los empleados desvinculados desde hace más de un año.
A esto se suman los reclamos de representantes de la iglesia que también han enunciado fuertes críticas, ya sea contra las autoridades de Gobierno o contra los legisladores, debido a la demora en la aprobación en el Congreso Nacional del Código Penal Dominicano.
Esta iniciativa que tiene más de 20 años dentro del Congreso, ha sido sometida a fuego cruzado por el tema de las tres causales del aborto, lo cual desencadenó que miles de personas se desplacen en la capital dominicana en concentraciones masivas, exigiendo la aprobación del Código, unos a favor de que sean introducidas las causales y otros en contra.
Recientemente la pieza perimió debido a que los legisladores se negaban a aprobarlo tal cual llegó de la Cámara de Diputados.
Indica Diario Libre que sectores de la sociedad a favor y en contra del aborto exigían al presidente “interceder” entre los legisladores para llegar a un acuerdo para la aprobación de la pieza legislativa.
Asimismo, los escándalos que involucran a funcionarios de gobierno y de su partido, han sido parte de los puntos más atacados por la oposición.
Y es que congresistas y funcionarios se han visto señalados en una serie de problemáticas con la justicia que han terminado con muchos de ellos cancelados de sus funciones y otros bajo investigación por parte del Ministerio Público.