De acuerdo con el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, parte de esas evidencias fueron presentada ante la jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Keyla Pérez Santana, para que ratificara la medida de coerción a todos los implicados en este entramado corrupto.
“Presentamos evidencia de que unas armas que se ocuparon en este proceso, no tienen ni siquiera registro de entrada a la República Dominicana, lo que agrega el ilícito de tráfico de armas ilegales”, expresó el procurador adjunto al salir del salón de audiencias.
Indica Diario Libre que Camacho también afirmó que el Ministerio Público tiene muchas pruebas que resultan “abrumadoras” para las defensas del caso Coral y de otros más que está llevando la Pepca, y que por eso sus peticiones son acogidas por los jueces, no por presiones, como aseguran las defensas.
Sostuvo que las medidas son para garantizar que los imputados del caso no puedan destruir pruebas.
Ratifican coerción
Este viernes la jueza Keila Pérez Santana, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la medida de coerción en contra de Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
El grupo cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal. En el caso del mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez le ratificó el arresto domiciliario vigilado e impedimento de salida del país.
El grupo está acusado de formar una red de corrupción que desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
El Ministerio Público establece que este entramado criminal también realizaba operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
En las investigaciones que ha desarrollado el Ministerio Público encontraron que supuestamente los acusados habían comprado propiedades millonarias, que incluyen un yate, con fondos sustraídos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).