La propuesta gubernamental fue recogida por el legislador sandinista Filiberto Rodríguez, quien presentó ante el Parlamento, controlado por el oficialismo, una iniciativa de decreto para cancelar las personalidades jurídicas a las 15 ONG, entre ellas la Fundación Mejía Godoy, de los cantautores nicaragüenses Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy.
En la exposición de motivos, el legislador indicó que la directora del departamento de registro y control de asociaciones del Ministerio de Gobernación, Franya Urey Blandón, remitió al titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, un informe en el que se expresa la solicitud de ilegalización de las 15 ONG debido a que las mismas han incumplido con sus obligaciones legales y estatutarias.
Las acusan de obstaculizar el proceso de control
La funcionaria pidió la suspensión de las ONG porque no han reportado los estados financieros entre 2006 y 2020 con sus desgloses detallados, y tampoco han presentado los convenios con sus donantes sobre sus proyectos y actividades, “que definan claramente fuente de financiamiento, cartera de proyecto, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos de cada una de las entidades sin fines de lucro”.
Además, esas ONG no han presentado los documentos de identidad de sus proveedores de fondos, y soporte de ingreso, la buena reputación de sus beneficiarios y de sus organismos asociados, entre otros, de acuerdo con la información.
El Ministerio de Gobernación señaló, según el decreto, que “con estas omisiones e incumplimiento de la legislación nacional que regulan la materia y otras normas relacionadas, estas entidades en cuestión han venido obstaculizando el proceso de supervisión, control y vigilancia” del Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.
Alegó, por tanto, que esas omisiones “constituyen causales suficientes para proceder a la cancelación de la personalidad jurídica” de esas ONG.
La lista de las ONG
Entre las entidades afectadas está la Fundación Mejía Godoy, de los hermanos Mejía Godoy, que recientemente tildaron de “régimen totalitario, neoestalinista y neohitleriano” al régimen de Daniel Ortega, tras criticar un decreto ejecutivo que pide a otros Estados u organismos internacionales solicitar previamente su consentimiento si desean otorgar un premio o reconocimiento a un ciudadano de este país centroamericano.
Otras ONG afectadas son el Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular, Asociación Soya de Nicaragua, Acción Médica Cristiana, Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Asociación Instituto Centroamericano de Integración Social, y Asociación Centro de Estudios para la Gobernabilidad y Democracia.
También la Federación de Organismos No Gubernamentales de Nicaragua, Fundación Diakonia Nicaragua, Fundación Entre Volcanes, Fundación Médicas Nicaragüenses Dra. Concepción Palacios, Fundación Xochiquetzal, Asociación Instituto de Investigación y Gestión Social (Inges), Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka, y Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local.
En Nicaragua, el Ejecutivo de Daniel Ortega, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, han ilegalizado al menos 34 ONG desde diciembre de 2018, las últimas 24 ONG, la mayoría médicas, el 28 de julio pasado.
El día 15 de agosto pasado, el Ministerio de Gobernación canceló los registros y números perpetuos de tres ONG estadounidenses y tres europeas.
Señala Infobae que Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, en las que Ortega aspira a su quinto mandato presidencial, cuarto consecutivo, y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.