Pidió al gobierno que el acuerdo concluya de manera amigable y que el Ministerio Público abra una investigación.
Sobre el cuestionado tema el programa El Informe reveló la cantidad de dinero que había pagado el Estado por dicha concesión.
El abogado Enmanuel Esquea Guerrero, a quien la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo contrató para analizar el contrato del peaje sombra, en la autopista del Nordeste, y por el cual el país ya ha pagado unos 27 mil millones de pesos, señala en su informe que en razón de las múltiples violaciones constitucionales y legales, sumadas al perjuicio de la población y el presupuesto nacional, tanto en la contratación de la carretera de Santo Domingo-Rincón de Molinillos como en la del Boulevard Turístico del Atlántico, “consideramos que este expediente debe ser tramitado al Ministerio Publico”, para que “a través de una investigación forense”, pueda establecer las responsabilidades de lugar y determinar si este caso merece ser conocido y juzgado por un tribunal penal.
Junto al pedimento de investigación judicial, se debe solicitar al Ministerio Público, “procurar la autorización del juez de la Instrucción”, para proceder a la...”ocupación y control de las carreteras y al secuestro de los bienes y valores existentes en esos lugares”.
Además, señala en el informe enviado al consultor jurídico que tanto Obras Pública como el concesionario modificaron las condiciones que rigieron la licitación por lo que se hacía necesario una nueva licitación con la participación de todos los interesados e indica adendas que no fueron aprobadas por el Congreso Nacional, lo que es suficiente para exigir nulidad.
Esquea Guerrero indica que una vez finalizada la investigación, el Estado deberá constituirse en Actor Civil y reclamar los daños y perjuicios correspondientes.