Han sido 12 meses marcados por una pandemia que ha causado 3,980 muertes, mantenido al país en toque de queda y causado una crisis económica a causa de la pérdida de empleos y aumento en los precios de productos de primera necesidad.
Pero desde el primer día, y como anunciaba durante su campaña, Abinader centró su gobierno en cambios en el gobierno. Entre estos la prometida y socialmente exigida independencia de la justicia, la eliminación de instituciones, la puesta en marcha de acciones de impacto social como la inclusión al Senasa, programas asistenciales,
Pero el gobierno de Abinader se ha enfrentado a otras situaciones complejas, entre ellas los escándalos de funcionarios de su gobierno que han llevado a la separación de algunos del tren gubernamental.
También las cancelaciones masivas, criticadas por ocurrir en medio de la pandemia y con las presiones de militantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que exigen un puesto como "compensación" por su trabajo durante la campaña.
Entre los perremeistas que duraron pocos "montados" en el tren están Kinsberly Taveras Duarte, nombrada como ministra de la Juventud y blanco de cuestionamientos por declarar un patrimonio de 74 millones de pesos. Para ser investigada la entonces ministra tomó una licencia y posteriormente renunció.
Una de las desvinculaciones más controvertidas fue la del ministro de Salud Pública, Plutarco Arias. Esto ocurrió tras una cuestionada licitación para la compra de jeringuillas para el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en la que se denunciaron precios alterados y posteriormente fue cancelada.
Luis Maisichell Dicent, director de la Lotería Nacional, enviado a prisión preventiva por el supuesto fraude millonario en el sorteo del primero de mayo.
En medio de acusaciones de acoso sexual por parte de una empleada del Instituto Agrario Dominicano (IAD) fue destituido el director de la institución, Leonardo Faña. Contra él se abrió una investigación de oficio luego que la querellante desestimó el caso.
Recientemente el gobierno dio clausura al año escolar 2020-2021, calificado de exitoso por el oficialismo y de fracaso por la oposición.
Igualmente el gobierno ha calificado de exitoso el Plan de Seguridad Ciudadana que incluyó el desarme civil mediante un plan piloto en el sector Cristo Rey. En este, según las cifras oficiales, se sacaron de las calles 1,751 armas.