«No tenemos atribuciones judiciales. Esta denuncia está donde debe estar, en la Procuraduría General de la República; la hubiéramos acogido si se hubiera originado en el rumor público o en una denuncia», señala la institución en un comunicado, en el cual precisa que la decisión de Cabrera llena de tranquilidad.
Precisa que a lo antes dicho también se le suma el sosiego generado por la declaración ofrecida por el Ministerio de Educación de colocarse, «como debe ser la acción inmediata del sector público, a disposición de los investigadores para contribuir con la misma».
«Es la práctica de sabernos dispuestos a la rendición de cuentas y el respeto al artículo 4 de la Constitución de la República Dominicana que consagra la independencia de los Poderes Públicos», expresa el comunicado.
Resalta que la denuncia de presunta extorsión a 39,500 servidores públicos con RD$30,000 cada uno, alcanza la suma de 1,185 millones de pesos, «es la más amplia, colectiva y silente extorsión masiva realizada en la República Dominicana».
«Solo un extorsionado o extorsionada es suficiente para justificar la denuncia de referencia cuya dimensión solo es comparable con los cobros de contribución a los partidos políticos impuestas a los servidores públicos en el pasado», recaló.
«No tenemos atribuciones judiciales. Esta denuncia está donde debe estar, en la Procuraduría General de la República; la hubiéramos acogido si se hubiera originado en el rumor público o en una denuncia, agrega.